Los casos dejan una advertencia para quienes hacen negocio con los bosques: transportar o almacenar madera de origen ilegal puede terminar tras las rejas.

Tres condenas de prisión efectiva fueron dictadas contra personas involucradas en el tráfico ilegal de madera en San Martín. Los procesos fueron impulsados por la Fiscalía Ambiental de Moyobamba, a través del fiscal adjunto provincial Alexander Taica Luliquis, y terminaron con sentencias emitidas los días 19 y 20 de agosto de 2026.

Los casos tienen algo en común: grandes cantidades de madera movilizadas o almacenadas sin cumplir con las exigencias legales. Entre las especies comprometidas aparecen moena, cedro Huasca, lupuna y cedro lila, algunas de ellas consideradas de especial importancia para los bosques amazónicos.

El primer sentenciado fue Hamilton Ysaias Zuta Lartiga. El juzgado le impuso 4 años de prisión efectiva por almacenar ilegalmente en Nueva Cajamarca nada menos que 8445 pies tablares de moena y cedro Huasca. La madera no contaba con la autorización ambiental correspondiente.

Zuta Lartiga ya se encontraba recluido en el penal de Moyobamba por otro proceso. Con esta nueva condena, su permanencia en prisión se extiende y su salida definitiva está prevista para febrero de 2038. También deberá pagar S/ 4000 por reparación civil y S/ 417 por días multa.

El segundo caso tuvo como protagonista a José Padilla Paredes, quien fue condenado a 4 años de prisión efectiva luego de ser intervenido transportando 1976 pies tablares de lupuna. La madera había salido del centro poblado Bonilla, en Caynarachi, y tenía como destino Tarapoto.

La justicia también ordenó el pago de S/ 2500 de reparación civil y S/ 667 por días multa. Al tratarse de un reincidente, Padilla Paredes continuará recluido en el penal de Tarapoto hasta abril de 2036.

El tercer caso tiene una historia más antigua. El hecho ocurrió en 2018, pero llegó a sentencia recién ahora. El Juzgado Penal Colegiado de Tarapoto condenó a Eberly Arrivasplata Montoya a 5 años y 2 meses de prisión efectiva por transportar ilegalmente 1766 pies tablares de cedro lila.

El cargamento había sido trasladado desde el sector Aguas Calientes hacia Soritor, sin contar con la Guía de Transporte Forestal, documento que permite acreditar la procedencia legal de la madera.

El caso tiene además un detalle que marca la diferencia: la pena impuesta a Arrivasplata Montoya quedó suspendida hasta que sea confirmada en segunda instancia. La especie transportada correspondía a un árbol protegido incluido en la categoría vulnerable.

Más allá de los años de cárcel y las reparaciones económicas, los tres procesos dejan sobre la mesa una realidad que golpea directamente a los bosques de San Martín: el tráfico de madera no empieza necesariamente en el mercado, sino mucho antes, cuando los árboles son extraídos, almacenados y transportados al margen de la ley.

Para la Fiscalía Ambiental de Moyobamba, estos resultados refuerzan la persecución penal contra quienes participan en esta cadena. Y para una región que todavía conserva importantes extensiones de bosque amazónico, cada intervención representa algo más que el decomiso de un cargamento: es un intento por evitar que la riqueza natural termine convertida en madera ilegal.

El mensaje de los tribunales es directo:la madera no solo debe llegar al mercado; debe demostrar que llegó de un bosque y de una forma permitida por la ley.