Este jueves 3 de julio, la Sala Civil de Tarapoto realizó la vista de causa del proceso de cumplimiento impulsado por las organizaciones indígenas CEPKA, FEPIKECHA y FEPIKBHSAM, en conjunto con la CODEPISAM, que busca obligar al Estado peruano a demarcar los territorios kichwa superpuestos por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE).
El proceso legal, iniciado en 2023, responde a años de frustrados intentos en mesas de diálogo con el Estado, donde las comunidades indígenas solo obtuvieron negativas. En mayo pasado, el Segundo Juzgado Civil de Tarapoto emitió una sentencia sin precedentes que reconoció la violación de derechos territoriales y ordenó al Estado demarcar los territorios indígenas sobrepuestos por las ANP, dejando claro que la conservación ambiental no puede anteponerse al derecho constitucional de los pueblos originarios.
Un Estado que niega y discrimina
Durante la audiencia de apelación, los argumentos presentados por los procuradores del MIDAGRI, MINAM, GORESAM, DRASAM y SERNANP expusieron un enfoque burocrático, desarticulado y, en varios momentos, abiertamente colonial. La defensa del MIDAGRI alegó que la demarcación no era de su competencia, mientras que la abogada del MINAM argumentó que una Resolución Ministerial tenía mayor peso que normas constitucionales y tratados internacionales.
A esto se sumó la afirmación de que “no había medios probatorios de superposición” ni evidencia de presencia kichwa al momento de crear las ANP, una postura desmentida por los propios hechos históricos: al momento de crear el PNCAZ en 2001, solo se había titulado una comunidad —Mushuck Llakta en 1997— porque el Estado no cumplió con el saneamiento de la propiedad rural.
La procuraduría regional incluso puso en duda la “supuesta” ancestralidad del pueblo kichwa, mientras que DRASAM admitió que sí existieron negaciones para demarcar por parte del ACR-CE y el SERNANP, a pesar de las actas de colindancia que ahora intenta usar como escudo legal.
“Somos cultura viva, no mendigamos justicia”
Las voces indígenas se hicieron escuchar con fuerza y claridad. En una intervención contundente, Marisol García, presidenta de FEPIKECHA, expresó:
“Es frustrante que nos digan que demostremos nuestra ancestralidad. (…) El pueblo indígena no necesita deforestar para demostrar la posesión ancestral. Vivimos una injusticia social porque hemos sido despojados (…) ¿Cuántos años más debemos demostrar? No estamos mendigando justicia.”
Por su parte, el Apu Samuel Pinedo, presidente de FEPIKBHSAM, recordó que el reconocimiento de Mushuck Llakta data de 1997, antes de la creación del PNCAZ (2001) y del ACR-CE (2005), y que su familia ha habitado la zona ancestralmente:
“Mi abuelo murió con 106 años. ¿Tanto es su expediente técnico para desacreditarnos? (…) Las ANP no son nuestros vecinos. Nos han impuesto fronteras administrativas, pero nosotros caminamos hasta donde nuestros abuelos caminaban.”
Un fallo que puede sentar precedente nacional
De confirmarse la sentencia de primera instancia, el caso marcaría un hito en la restitución de derechos territoriales de pueblos originarios superpuestos por áreas protegidas en el Perú. El reconocimiento legal de los derechos indígenas dentro de ANP reafirma que no hay contradicción entre conservación y justicia histórica.
La decisión final de la Sala Civil de Tarapoto podría abrir el camino para que otras comunidades amazónicas recuperen lo que nunca debieron perder: su territorio ancestral.