Falta mostrar resultados concretos y seguimiento sostenido a las campañas de reforestación en la Amazonía peruana
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) lideró por primera vez un espacio de articulación multirregional que reunió a representantes de seis regiones amazónicas —Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali— con el objetivo de fortalecer el control y la vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre. La jornada, denominada “Intercambio de experiencias y evaluación 2025 e integración multirregional de las Mesas Regionales de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre Amazónicas”, permitió evaluar avances, compartir lecciones y, sobre todo, plantear compromisos conjuntos frente a delitos ambientales que continúan afectando gravemente el patrimonio natural del país.
En su rol como ente coordinador del sistema nacional, el Serfor impulsó este encuentro con la participación de los gobiernos regionales y del Ministerio Público del Perú, a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), consolidando un esfuerzo interinstitucional que busca mayor eficacia en la respuesta frente a la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre. Como resultado, se suscribió un acta de acuerdos que marca un hito en la gestión articulada del control forestal amazónico, destacando compromisos como el fortalecimiento de la coordinación operativa con la Policía Nacional del Perú, la mejora en el intercambio de información en casos interregionales, la priorización de intervenciones en zonas críticas y el impulso de programas de capacitación técnica.
“El Serfor, como articulador nacional, reafirma su compromiso de impulsar una respuesta coordinada frente a los delitos ambientales que afectan nuestro patrimonio forestal y de fauna silvestre”, afirmó Rudy Tapia, director de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, al subrayar la necesidad de consolidar estrategias conjuntas que trasciendan los esfuerzos aislados.
Durante el encuentro también se expusieron los principales desafíos en la implementación del sistema nacional de control y vigilancia, evidenciando brechas persistentes en capacidades operativas, acceso a información y sostenibilidad de las intervenciones. En ese contexto, la actividad contó con el respaldo de la cooperación internacional, a través de Profonanpe en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), así como de la cooperación alemana implementada por GIZ, lo que refuerza la dimensión estratégica de la protección ambiental en el país.
Pese a estos avances, persiste una demanda urgente en regiones como San Martín, donde aún se requieren definiciones claras y acciones transparentes sobre las áreas de protección, así como mecanismos efectivos de seguimiento a las políticas implementadas. La articulación institucional, si bien es un paso clave, debe traducirse en resultados medibles y sostenibles en el territorio, especialmente frente a la creciente presión sobre los bosques amazónicos.
Finalmente, las instituciones participantes ratificaron su compromiso de mantener este nivel de coordinación durante 2026, consolidando el trabajo multirregional como una herramienta fundamental para la defensa de la biodiversidad. No obstante, el desafío inmediato radica en pasar del compromiso a la acción concreta, garantizando que iniciativas como la reforestación no queden solo en anuncios, sino que cuenten con monitoreo, evaluación y transparencia que aseguren su impacto real en la recuperación de los ecosistemas.
