El pedido de asilo diplomático del ex presidente Alan García al gobierno de Uruguay, debe ser analizado en un marco “estrictamente jurídico”, señala el ex canciller de ese país Sergio Abreu. Sin embargo, el ex ministro indica que desde el gobierno de José Mujica en su país se trata de imponer lo político a lo jurídico.
¿Cuál es su análisis sobre la solicitud de García para que Uruguay le dé un asilo diplomático?
Acá se aplica un tratado de asilo político que es de 1954. Ese tratado establece el derecho al asilo para las personas que están perseguidas políticamente o delitos comunes vinculados a persecución política. En ese marco, el gobierno uruguayo deberá decidir si le da o no el asilo al señor García. Para eso se ha pedido información al gobierno de Perú, sus fundamentos por los cuales se está pidiendo que Uruguay no le dé el asilo porque el argumento del gobierno peruano es que la justicia lo está procesando a García por delitos comunes. Que no hay persecución política.
Después de todo esto, el gobierno asilante, en este caso Uruguay, decidirá unilateralmente si le concede o no el asilo y no tiene por qué dar ninguna explicación.
¿Uruguay tiene criterios puntuales para determinar si existe o no persecución política?
No existen criterios claros para determinar la persecución política. Otorgar el asilo es una decisión unilateral que no necesita explicación. Para mí, el criterio de esa calificación debe ser estrictamente jurídico y no siguiendo la línea del presidente José Mujica que siempre ha sostenido que lo político está por encima de lo jurídico. En los últimos tiempos, estos gobiernos empiezan hacer de la Constitución un chicle. Es una destrucción de la seguridad jurídica, es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Lo importante acá es la aplicación del derecho y no tomar en cuenta las personas.
En el Perú vivimos en democracia, ¿no cree que Uruguay dañará su imagen si le da asilo a un investigado por corrupción que aduce persecución política?
Depende de la interpretación que el Uruguay le dé. Para mí, lo más importante de todo es que la decisión que tome sea jurídicamente inapelable. Si Uruguay no fundamenta jurídicamente su decisión sobre el asilo, si no lo fundamenta bien, obviamente la imagen política de Uruguay va a estar cuestionada. Si antes (Uruguay) era una referencia hoy es una circunstancia. Si le da el asilo sin fundamento, externamente se verá como una imagen negativa hacia Uruguay en materia de su relación con la justicia.