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Vacíos normativos en el transporte de carbón y alimentos, generan confusión sobre responsabilidades de fiscalización

Salud, municipios y otras entidades se reparten funciones, pero no existe una regla clara que garantice una fiscalización efectiva del transporte de alimentos.

¿Quién vigila que los alimentos que llegan a la mesa de las familias peruanas sean transportados de manera segura? Según explicó el ingeniero ambiental Hamlet del Águila Cobosjefe de la Unidad Especializada de Fiscalización, la respuesta no es tan sencilla. La Norma Técnica N.º 234-MINSA-DIGESA-2025, aprobada por la Resolución Ministerial N.º 646-2025, establece lineamientos generales, pero deja la vigilancia directa en manos de las municipalidades.

El funcionario aclaró que el Ministerio de Salud solo interviene cuando se trata de alimentos industrializados, como productos envasados o procesados. En cambio, alimentos naturales como café, maíz o cacao son supervisados por SENASA, y otros productos dependen del sector Agricultura.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el uso de camiones que transportan carbón vegetal y que luego son utilizados para trasladar alimentos. “La fiscalización de ese servicio no corresponde a Salud”, señaló Del Águila Cobos, indicando que no existe una norma clara que prohíba o controle esta práctica de manera específica.

“No hay una norma que indique con exactitud cómo se debe hacer esa verificación”, sostuvo el jefe de la Unidad Especializada de Fiscalización, evidenciando un vacío normativo que genera confusión entre las entidades fiscalizadoras y que podría representar un riesgo sanitario si no se establece una regulación clara y articulada entre los distintos niveles de gobierno.

Además, cuando la carga proviene de otra región, no está definido si la autorización debe darse en el origen o en el destino, ni quién debe revisar el embalaje y las condiciones sanitarias. Esta falta de claridad deja al ciudadano en una posición vulnerable y plantea la necesidad urgente de reglas más claras y una fiscalización efectiva para proteger la salud pública.

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