¡Infierno acústico en Moyobamba!

La indiferencia institucional frente al dolor ajeno convierte los derechos fundamentales en letra muerta, demostrando que, para los residentes vulnerables deMoyobamba, la justicia y la paz social siguen siendo promesas incumplidas.

La noche del domingo 01 de noviembre de 2026, la tranquilidad de los vecinos del sector Fonavi Uno en Moyobamba se vio vulnerada por la realización de una fiesta social en un terreno adjunto a la discoteca “La Collpa”, la cual emitió ruidos superiores a los 100 decibeles, según señalaron los vecinos.

La alteración de la tranquilidad en la zona afectó la salud mental y física de una comunidad compuesta en su mayoría por adultos mayores y personas vulnerables con enfermedades cerebrales, cardiovasculares y autismo, así como casos críticos de un vecino con tumor cerebral e insuficiencia cardíaca, tal como advirtieron a la comunidad en sus constantes comunicaciones de auxilio a las autoridades sin obtener respuesta.

Pese a que este grave atentado contra el derecho a la paz, la tranquilidad, el descanso y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú a través de su comisario, del Serenazgo, de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, del alcalde, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo —mostrando pruebas de los mensajes de WhatsApp enviados—, los agraviados manifestaron con indignación que ninguna autoridad contestó ni brindó respuesta.

Esto evidencia una reiterada inacción institucional que vulnera abiertamente la Medida Cautelar contenida en la Resolución Número Uno de fecha 11 de julio de 2025 (con antecedente en el expediente principal N° 00210-2025-1-2201-JR-CI-01), emitida por el Juzgado Civil Sub Sede Moyobamba, la cual ordena la suspensión inmediata de actos que alteren la tranquilidad de los vecinos del sector.

Los pobladores mostraron, además, documentos que respaldan un historial de informes técnicos que corroboran mediciones ilegales de hasta 90.2 dB(A) y 66.3 dB en zonas residenciales, advirtiendo el peligro inminente de un daño irreparable que mantiene a los vecinos en completo desamparo ante hechos como el ocurrido el pasado domingo.

Cuando las instituciones que juraron proteger al ciudadano eligen el silencio cómplice, la ley deja de ser un escudo para los vulnerables y se convierte en cómplice del ruido que destruye vidas.