¿Se prepara un nuevo TDR a la medida del competidor?
Graves cuestionamientos rodean el frustrado proceso de selección del diario judicial de la Corte Superior de Justicia de San Martín (CSJSM), tras la declaración de nulidad de la tercera convocatoria y la renuncia de los miembros de la comisión de selección, quienes pusieron sus cargos a disposición del Consejo Ejecutivo Distrital alegando “vicios y ambigüedades” en los Términos de Referencia (TDR) que ellos mismos elaboraron.
Sin embargo, detrás de esta aparente formalidad emergen hechos que plantean serias dudas sobre la transparencia del proceso y el cumplimiento de la ley.
La raíz del conflicto: requisitos incumplidos y decisiones cuestionables
Según el documento presentado por VOCES Servicios Generales de Comunicaciones E.I.R.L., uno de los postores, el TDR elaborado por la propia comisión establecía claramente que para que una empresa sea declarada apta debía dedicarse a la “edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas”, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) utilizada por la SUNAT.
En ese sentido, el Diario Hoy (SN Tarapoto S.A.C.) no cumplía con dicho requisito al momento de su inscripción, tal como se acredita con las fichas obtenidas del portal de la SUNAT correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre, documentos que obran en poder de VOCES y que pueden ser verificados por la Corte mediante el registro histórico de la SUNAT.
Ante esta irregularidad, VOCES advirtió oficialmente a la comisión de selección, la cual, en un primer momento, emitió un comunicado declarando NO APTO al Diario Hoy, quedando como único postor habilitado VOCES Servicios Generales de Comunicaciones E.I.R.L.
Este hecho fue difundido públicamente, coincidiendo con la visita a la región de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado.
Sin embargo, apenas días después, la comisión revocó su propio pronunciamiento, argumentando que el Diario Hoy había modificado su actividad principal ante la SUNAT, y consintiendo su continuidad en el proceso, pese a tratarse de un cambio realizado en pleno desarrollo del concurso.
¿Se pueden cambiar los documentos en pleno proceso?
La pregunta es inevitable: ¿Puede una empresa modificar su información fiscal mientras el proceso de selección está en curso y ser admitida igualmente?
La respuesta, desde el punto de vista legal, es NO.
Los fundamentos jurídicos invocados por VOCES son claros:
- La modificación extemporánea de la actividad económica principal no puede subsanar el incumplimiento de los requisitos iniciales.
- La administración pública debe actuar dentro del marco de la ley, conforme al artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.º 27444, garantizando el respeto al procedimiento.
- La nulidad del proceso no puede emitirse sin resolver las apelaciones pendientes, pues vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución Política del Perú.
Además, VOCES advirtió otro incumplimiento grave: el TDR exigía que las empresas participantes acrediten un mínimo de cuatro años de experiencia en el rubro solicitado, requisito que, nuevamente, el Diario Hoy no cumplía.
La nulidad del proceso y las renuncias
Al verse expuesta esta nueva observación, la comisión decidió suspender el proceso hasta que se adopte una decisión definitiva.
Por acuerdo, los sobres lacrados quedaron bajo custodia del notario que certificaba el proceso, hasta que, el pasado viernes, alrededor de las 5:30 p.m., la comisión emitió una Resolución declarando nulo el proceso y puso a disposición sus cargos, alegando “vicios y ambigüedades” en los TDR que ellos mismos elaboraron.
Antecedentes y dudas
Desde enero, el Diario Hoy viene siendo el diario judicial con ampliaciones mediante adendas, pese a que el concurso debía definir al medio adjudicado para el periodo 2025–2026.
A solo dos meses de culminar el año, la interrogante persiste:
¿Será elaborado un nuevo TDR, con qué cambios, a la medida DE QUIÉN?
Este caso pone en evidencia serias inconsistencias en la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia de San Martín, donde los mismos magistrados terminan anulando sus propios procedimientos por fallas que ellos mismos originan.
La ciudadanía, el Órgano de Control Interno, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los colegios profesionales deben exigir una respuesta clara y oportuna:
¿Se está administrando justicia con imparcialidad o se están preparando nuevos TDR a la medida de determinados intereses?
