Luego de una prolongada ausencia, el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, apareció en público en la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente 2025, en Moyobamba, marcando su primera intervención oficial y contundente en meses. Con firmeza y sin dejar dudas, solicitó al Ejecutivo declarar en emergencia el distrito de Shunté, en la provincia de Tocache, ante el avance descontrolado de la minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques en la zona.
El llamado de Grundel no fue solo un discurso, sino un planteamiento serio y urgente que exige acciones concretas. La petición surge en un contexto donde, tras las recientes intervenciones del Estado en Pataz, La Libertad, un número creciente de mineros ilegales se ha desplazado hacia Shunté, estableciendo operaciones que amenazan la biodiversidad y la estabilidad social de la región. El ingreso masivo de mineros ilegales en territorios amazónicos está generando impactos ambientales severos y tensiones sociales que ponen en riesgo a las comunidades locales.
El gobernador regional sostuvo reuniones con la Policía Nacional, representantes institucionales y alcaldes, con el objetivo de definir medidas efectivas para frenar esta amenaza. Se hizo un llamado a fortalecer la presencia del Estado en las zonas vulnerables y a que las autoridades locales y la ciudadanía se involucren activamente en la defensa del medio ambiente. La participación de la población, resaltó, es clave para lograr cambios sostenibles y proteger los recursos naturales.
Desde la cumbre, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la solicitud de Grundel y coincidió en que es urgente una acción coordinada del Gobierno Central para contener esta problemática que afecta cada vez más a la Amazonía peruana. Se remarcó que la gobernanza ambiental debe ser un eje transversal en la gestión pública, y que el desarrollo de los territorios requiere de una planificación integral, inversiones sostenibles y un compromiso real con el futuro del país.
Walter Grundel reaparece en público con un mensaje claro: no basta con discursos, es momento de que exista una posición oficial y decidida ante el Ejecutivo y el Legislativo para frenar la minería y tala ilegal en San Martín y toda la Amazonía. La región necesita acciones inmediatas y efectivas para proteger su biodiversidad, sus comunidades y su futuro.
Este llamado de atención marca un punto de inflexión en la lucha contra la minería ilegal y la deforestación, y exige que las autoridades asuman su responsabilidad con decisión y compromiso. La protección del medio ambiente y la soberanía territorial no pueden seguir siendo postergadas.