La historia se repite año tras año. Si se tratara de personas honorables, capaces e íntegras, probablemente nadie estaría en contra. Pero sucede todo lo contrario.

En plena temporada navideña y en un contexto de crisis económica y desconfianza ciudadana, el Congreso de la República volverá a protagonizar un cuestionado derroche de recursos públicos. Una investigación periodística del programa Cuarto Poder reveló que cada congresista recibirá en diciembre un paquete de beneficios económicos que asciende a S/46,900, una cifra que contrasta con los reiterados discursos de austeridad que exige el país.

El monto que percibirá cada legislador se compone de varios conceptos: tarjeta navideña por S/1,900, sueldo mensual de S/15,600, gratificación por el mismo monto, bono por función congresal de S/11,000 y asignación por semana de representación de S/2,800. A ello se suma que el Parlamento adquirió 4,500 tarjetas electrónicas valorizadas en S/1,900 cada una, destinadas tanto a trabajadores como a legisladores, lo que representa un gasto total de S/ 8.55 millones.

El reportaje detalla que el valor de estas tarjetas, conocidas como la “canasta navideña”, ha ido en constante aumento. Entre 2020 y 2021 era de S/ 1 500; en 2022 y 2023 subió a S/ 1 700; y en 2024 alcanzó los S/ 1 900. Solo entre 2023 y 2025, el Congreso ha desembolsado S/ 24 656 940 por este beneficio, consolidando una práctica que poco o nada tiene que ver con la contención del gasto público.

Aunque el número de congresistas se redujo de 130 a 129, tras la detención de Guillermo Bermejo por una sentencia vinculada a terrorismo, el gasto global no se redujo de manera significativa. Por el contrario, el presupuesto destinado a los beneficios de diciembre se mantiene por encima de los seis millones de soles, reflejando la continuidad de un modelo de asignaciones que ignora el malestar ciudadano.

Estos beneficios están respaldados por un convenio colectivo vigente hasta 2025. Además, en octubre, la Mesa Directiva del Congreso aprobó la conformación de una comisión encargada de negociar el próximo convenio para el periodo 2026-2027, lo que anticipa que esta polémica podría repetirse en los próximos años.

Las tarjetas electrónicas, según el proceso de contratación, deben cumplir con una serie de requisitos técnicos: vigencia mínima de un año, dispositivos de seguridad antifalsificación, uso para compras y consumo a nivel nacional, y un servicio de atención al cliente las 24 horas. Sin embargo, más allá de los detalles administrativos, el debate público gira en torno al fondo ético y político de estos beneficios.

El analista Iván García fue contundente al cuestionar esta práctica: “Otro festín en trineo por parte de un Congreso que ha demostrado poquísimo, por no decir ningún, apego a principios de austeridad, como los que el país ciertamente requiere.

Sorprende que ni siquiera en esta última Navidad de su periodo parlamentario quinquenal hayan tenido un gesto mínimo de contención. Es un Congreso de espaldas al país”.

Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad laboral, alza de precios y servicios públicos deficientes, el Parlamento vuelve a enviar un mensaje que profundiza su desprestigio. ¿Austeridad? Una palabra que, una vez más, no parece aplicar para quienes legislan, pero sí para quienes los sostienen con sus impuestos.