Por Ricardo Quevedo
Los temas sobre corrupción para ser ventilados públicamente, tiene una cita este cuatro de noviembre en la plaza de armas de la ciudad de Tarapoto. El horario de convocatoria es en horas de la noche. Es el momento oportuno que la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú que preside el periodista Óscar R.T. Cárdenas Bartra, en armonía de postulados con el FRECIDES, que lo preside la profesora Lucinda Vásquez Vela, en consenso con toda su directiva, por primera vez en forma pública estarán abordando un amplio listando de quejas, demandas sin ser resueltas y el ABC picante para la solución inmediata a los problemas de los frentes de defensa, cada uno a través de sus gremios respectivo: la CGTP, la CUT, el SUTEP, la FENUTSA.
Cada uno de estos gremios tiene su propia demanda con tantos años exigiendo siempre los mismos problemas que se resume en una sola palabra: salario digno. En el caso del SUTEP, gremio más emblemático en lo que a educación se refiere. Una gran mayoría de docentes miraron, sintieron y vivieron a la educación desde este gremio, cuyos agremiados con la fortaleza de los principios fueron consecuentes y lucharon hasta el fin; mientras que los dirigentes nacionales miraron y sintieron a la educación de una manera hipócrita y traicionera.
Pues tantas demandas, luchas, huelgas y paralizaciones tenía este gremio a lo largo de toda su historia sindical, nunca se consiguieron resultados completos, dignos y justos, simplemente por que las cabezas dirigenciales a nivel de Lima con el Ministerio de Educación, empezaron a cantar un discurso blando y de negociación con los responsables de este sector, mientras que otro era el discurso aparentemente de mucho “coraje” que se quiso hacer creer en los docentes del llano.
Por ello las famosas “reformas” de la educación que emprendió tanto Alan García, como Ollanta Humala, son “reformas” sin el sustento digno de una buena atención económica. Ambos hablan de la famosa “meritocracia”, sin mirar el fondo de cada una de las realidades. Se pretende exigir méritos, cuando el mismo gobierno no los tiene; se pretende exigir una evaluación radical, cuando el mismo gobierno descalifica por su incapacidad de sensibilizar el poder económico de una manera justa y equitativa; se pretende una evaluación permanente a costa de condicionamientos, cuando las evaluaciones en la ley 24029 que ahora lo desconocen, siempre existió, solo que nunca lo hicieron cumplir; ahora se retoma, pero a costa de amenazas.
Otro de los puntos de la agenda es visualizar el cambio de política económica y renuncia del Ministro de Economía y Finanzas, por los resultados económicos que se viene aplicando en el país con un libreto pre elaborado por los organismos financieros del mundo que tienen la única mirada de poner límites a proyectos de rescate en los países de Latinoamérica, como el caso del Perú, mantenerlo siempre a la cola de los aprendizajes educativos. Por ello no es nada halagador que Ollanta y su ministro de economía nos cuenten que el Perú está viviendo una nueva etapa de restructuración económica.
Esta etapa solo la ven, la sienten y la viven los que tienen una estructura de vida con mucha solvencia económica, ganada a costa quien sabe de qué estrategias jugadas a su favor. Pero el ciudadano común y corriente de a pie, sabe que si no forma parte del paquete económico de algunos privilegios del poder económico, su expectativa de vida profesional, social y económica, siempre van a estar restringidas.
Este nivel de vida de la mayoría de peruanos, hace años que le venimos diciendo ¡basta…!
Otra de las agendas hacer tomadas en cuenta, se sostiene en base a la reorganización del poder judicial, el Ministerio Público y la PNP por ciertos indicios de complicidad en los actos de corrupción.
Y en estos casos debe el pueblo manifestarse no solo a través de sus quejas y demandas, sino también demostrar su indignación con hechos concretos y con pruebas que sustenten el valor legal de las acusaciones y demandas.
Otro punto que estará develando este colectivo civil anti corrupción, son los informes de las denuncias de los actos de corrupción en las 10 provincias, 77 distritos y 500 caseríos del Dpto de San Martín.
Se entiende que los informes sobre estos casos de corrupción estarán relacionados directamente sobre nuestras autoridades públicas en sus diversos ejercicios, cargos y administraciones de los fondos públicos.
¿Algo más se puede pedir a esta Coordinadora Nacional Anticorrupción? El pueblo tendrá tribuna libre para manifestarse con sus planteamientos, demandas y sugerencias el 04 de noviembre en la plaza de la ciudad de Tarapoto en horas de la noche.