Organizaciones de sociedad civil y representantes indígenas denunciaron la política del Estado de persecución a los que protestan por la defensa de sus derechos frente al relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst
Tal es el caso de José Fachín, indígena del pueblo Quechua de Andoas, quien expresó que, tras 10 años de lo ocurrido en la protesta de Andoas, donde, además, torturaron y amenazaron de muerte a las personas que intentaron defenderlo, aún sigue recibiendo acoso judicial por parte del Estado peruano.
“He decido denunciar porque ahora existen las condiciones para poder hacerlo. Antes eran los mismos policías quienes nos golpeaban y amenazaban a nuestros familiares. Esto de alguna manera nos intimidó y nadie quería decir nada en contra de la empresa y el Estado, pero eso ya cambió y la población ha recobrado fuerzas. Por eso, es que denuncio directamente a la DINOES (División policial), por torturarnos y a la empresa petrolera por prestar sus instalaciones y que los policías pueden golpearnos” expresó Fachín, al dirigirse al relator especial de la ONU, quién aseguro tomar en cuenta su caso en su siguiente informe.
Asimismo, José Fachín solicitó al relator intervenir de oficio en la situación que atraviesan los pueblos afectados por la actividad petrolera en Loreto, quienes estuvieron en un paro de dos semanas en la comunidad de Santa Rita (Marañón) para exigir la creación de un plan global que los incluya y puedan asegurar su vida antes de más actividad petrolera.
La sede de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH) fue el punto de reunión, realizada el viernes 31 de enero 2020, que sirvió para que Michel Forst recibiera documentación directa de representantes indígenas y ONGs, que han sido acosados judicialmente tras protestar en contra de las empresas extractivas que atentan a sus vidas.
La agenda de la reunión giró en torno a la criminalización que sufren representantes sociales en el marco de la protesta, que en su mayoría son a causa de oponerse a las empresas extractivas. “Tras 50 años de actividad petrolera, en el caso de Loreto, que ha hecho mucho daño a la Amazonía peruana, queremos decidir que pasa en nuestro territorio, pero también buscar formas de prevención y proteger a los líderes, lideresas, abogados y aliados que han sufrido desprestigio, intimidación entre otras acusaciones por dedicarse a defender a nuestros hermanos y hermanas “declaró Fachín. Cabe mencionar, que el país ha firmado una serie de acuerdos internacionales de protección a los derechos indígenas y que lo obligan a considerarlos como ley, como es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas y tener en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.