Por Roberto Cabrera
Malala Yousafzai recibió dos disparos por defender el derecho a la educación de las niñas en Pakistán. Rosa Parks, impulsó el fin de la segregación racial en EEUU al negarse a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca. Clara Campoamor, luchó por el derecho al voto de las mujeres en España. La escritora Virginia Woolf, defendió la igualdad de la mujer con sus libros. Las Pussy Riot fueron a la cárcel por interpretar una canción protesta. Aminatou Haidar, ha sido perseguida por defender los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
Malala, Rosa, Clara, Virginia, Pussy Riot, Aminatou, son sólo algunos ejemplos de grandes mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado y luchan por un mundo mejor
El Perú, ha ratificado diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos, siendo los dos más importantes en materia de derechos de las mujeres la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará).
El valor jurídico, político y cultural del marco normativo internacional para la protección de los derechos de las mujeres radica en reconocer que las situaciones de discriminación que las afectan son producto de concepciones social y culturalmente arraigadas, que generan relaciones de poder y de subordinación de las mujeres respecto de los hombres.
¿Pero cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades con graves problemas como la mortalidad materna, la violencia contra la mujer, el analfabetismo, la falta de acceso de las niñas y las adolescentes a la educación básica regular, y las trabas en el acceso de las mujeres al ámbito laboral?
La igualdad puede ser definida como el valor jurídico fundamental y legitimador de los derechos humanos, cuya realización social efectiva supone la ausencia de discriminación hacia cualquier sujeto de derecho. La violación de la igualdad implica, necesariamente, la violación de otro derecho fundamental mediante el cual ésta se materializa. Los daños que pueden derivar de dicha afectación no son para nada nimios, en tanto significan un atentado a la propia dignidad humana.
La discriminación del género femenino, constituye un grave problema social en nuestro país ya que requiere de la implementación de políticas públicas especialmente diseñadas para revertir esta difícil situación y lograr una igualdad real entre mujeres y hombres. Si bien el Estado peruano ha emitido diversas normas en las que se aborda el tema, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), emitida en el año 2007, es la que desarrolla legislativamente el tema de manera integral y específica. Esta norma establece lineamientos para todos los niveles de gobierno, los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos.
En la medida que las políticas públicas no son neutrales, una real voluntad política del Estado por comprometerse con el logro de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres implica necesariamente –entre otros aspectos– tener en consideración que el presupuesto público requiere ser sensible al género; es decir, ser diseñado con consideraciones de género como elemento transversal, debiendo comprender en esta tarea a todas las fases que conforman su ciclo de elaboración.
Las acciones llevadas a cabo por las diferentes entidades públicas encargadas del cumplimiento de la Ley de Igualdad han puesto un mayor énfasis en los planes diseñados para llevar a cabo su ejecución, muy poco en la parte de implementación (algunas entidades como los Gobiernos Regionales han reportado que destinan un porcentaje de su presupuesto en la implementación de las actividades previstas en la Ley de Igualdad), y menos aún en la etapa de evaluación, aspecto que permite conocer si la política implementada está cumpliendo con los objetivos y metas propuestos, así como identificar aquellos elementos que estarían dificultando su concreción.
Los presupuestos públicos del país aún no permiten evidenciar el grado de cumplimiento de los compromisos político financieros con el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Muchas frases se quedan en el tintero: La desigualdad, discriminación, y exclusión de las mujeres se expresa en tantos otros espacios: las ofensivas frases callejeras, la inseguridad ciudadana, la política y los espacios de poder. La injusticia que se encuentra implícita en todo acto discriminatorio, así como los peligros que representa, determinan que la eliminación de aquéllos sea una de las metas a cumplir en cada sociedad que pretende avanzar y ser efectivamente un Estado de Derecho. Reivindicar los derechos de las mujeres no es solo labor de ellas, es la labor que debemos emprender todos los días si soñamos con una patria justa, equitativa y en la que realmente nuestras hijas e hijos tengan oportunidades sin ser discriminados.