Durante la efímera sesión del Congreso de la República donde se aprobó el voto de confianza al Gabinete Ministerial uno de los legisladores demostraba curiosa impaciencia. Parecía estar y no estar. Y es que el representante de Loreto por Acción Popular-Frente Amplio, Leonardo Inga Vásquez, viene enfrentando una denuncia periodística en el oriente peruano que parece no dejarlo dormir tranquilo y que terminaría incluyéndolo en la cuestionada lista de investigados Julio Gagó (Fuerza Popular), Carmen Omonte (Perú Posible) y Cenaida Uribe (Partido Nacionalista) en la Comisión de Ética parlamentaria por estar vinculado con licitaciones con el Estado.
Según constata en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el actual presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso aparece como proveedor del Estado en 2011 y 2013. Este último año, qué duda cabe, durante su desempeño legislativo. El monto asignado asciende a la suma de S/.22.718, desembolsados por la municipalidad distrital de Alto Amazonas–Yurimaguas al parlamentario, el mismo que aparece como ‘persona natural con negocio’ (RUC: 10056022932) y con el nombre comercial de “Ladrillera San Pablo”, de acuerdo a los registros de la Sunat.
Como se recuerda, Inga Vásquez fue sindicado por la Dirección Antidrogas (Dirandro), en 1995, por un presunto envío de clorhidrato de cocaína a Colombia durante el tiempo en que se desempeñó como alcalde de Alto Amazonas y Loreto entre 1993-1998 y 2003-2006, respectivamente, tiempo en el que también se muestra en el MEF como proveedor al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades de Jeberos y de Lagunas con una suma total de S/.8.822, lo que complicaría su situación, al tratarse de claros antecedentes de conflicto de intereses.
Así las cosas, el legislador asegura que se trata de un canje de deuda con la Municipalidad de Alto Amazonas y desconoce estar en la web del MEF.