El Estado peruano tal parece que no se halla en la capacidad para administrar la educación pública de manera eficiente como lo demanda la sociedad. La sociedad que eres usted señor padre de familia, la sociedad que eres tú estudiante, la sociedad que soy yo, qué demandamos: que se atienda a la educación desde cero, no con parches, no con reformas a medias, no a través de convenios como se pretende hacer a través de una Resolución Ministerial N° 326, publicado el 14 de agosto.
El Estado con esta resolución pretende tirar la pelota a la cancha para que otros jueguen. Con esta resolución el Estado no se halla en la capacidad de jugar en pro de la educación a favor de los estudiantes, padres de familia y maestros. El estudiante está convencido que sin el equipamiento básico y tecnificado, su aprendizaje siempre será limitado; el padre de familia está convencido que si el Estado traslada su responsabilidad a terceras personas a través de convenios sin fines de “lucro”, es porque tiene otros asuntos primordiales que desarrollar dejando a la educación en el segundo o tercer plano; el docente también está convencido la artimaña que tiene el Estado para que los empresarios millonarios que suscribieran este convenio, ellos estarían en la capacidad como suscriptores del convenio para que decidan la suerte de ese docente: su estabilidad laboral, su capacitación, sus derechos pisoteados y su bendito sueldo que es más que una miseria comparado con la canasta básica familiar.
Son 28 bases normativas que regulan el sistema educativo peruano de la educación básica regular. La mayoría son resoluciones normativas recientes, que a lo largo de estos últimos años se han ido publicando de acuerdo a las circunstancias, exigencias y necesidades; muchas de ellas imposiciones venidas por presiones externas. Algunas de estas resoluciones son ensayos en el proceso educativo, como la Resolución Ministerial N° 451 del 2014 que crea el modelo de servicio educativo jornada escolar completa para las instituciones públicas de nivel secundaria. La institución Martin de la Riva y Herrera de la ciudad de Lamas, vivió este ensayo con resultados insatisfactorios por parte de los estudiantes que estaban casi todo el día en la institución desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El trato alimenticio de poca calidad. Muchos alumnos(as), llevaban su propio almuerzo.
Otra normativa como el Decreto Ley 23211, sobre “Acuerdo suscrito por la Santa Sede y el Estado”, y la “Resolución Ministerial N° 483-1989- ED, que aprueba el reglamento de centros educativos de acción conjunta iglesia Católica-Estado Peruano”. Beneficios tangibles y concretos de este acuerdo no lo encuentro en ningún lado más que la entrega de libros religiosos a los alumnos(as), que si fueran gratuitos, este acuerdo no sería motivo de ningún cuestionamiento.
A cada a estudiante le cuesta 5 soles, todos los años hasta que termine la secundaria. Las instituciones educativas públicas del país, resulta siendo el mercado de venta más seguro en lo que a libros se refiere por parte del Vaticano a través de la iglesia católica por intermedio del curso de religión.
Luego la Resolución de Secretaría General N° 211-2017 aprueba la directiva N° 003-2017, denominada “Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Convenios celebrados por el Ministerio de Educación”.
Esto empezó a dar luz el 14 de agosto al ser publicado la Resolución Ministerial N° 326-2020, que está abriendo las puertas no a empresarios sin fines de lucro como dice el documento. Hay que ser muy ingenuos para dar fe a tamaña oferta de la educación pública de la EBR al libre monopolio nacional o extranjero para pretender hacer de nuestra educación la mercancía al buen postor como si la razón de nuestro sistema educativo que lo componen padres de familia, estudiantes, docentes y sociedad, no fueran humanos, seres pensantes. Nos quieren poner a nivel de objetos: Tanto vales, no porque eres o sabes, sino por lo que tienes.