¿A quién o quiénes interesa que las cosas se sigan haciendo con candados y con el sello de secretismo?
¿Cuándo estamos ante un real peligro, cuando se esconde la información o cuando esta está considerada como derecho humano y esta accesible a todos?
¿Por qué les aterra que los ciudadanos conozcamos los detalles de cada acuerdo que se suscriba sobre la Amazonía?
Escazú en un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, se trata de un tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. En la actualidad suman nueve los países que lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay).
Además, como antecedente es importante precisar que el acuerdo se firmó luego de cuatro años de negociaciones, el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y fue el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países, entre ellos nuestro país. Finalmente fue firmado por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente por otros 3 países más y está a la espera del proceso de ratificación respectivo por cada Estado firmante, es en ese contexto que hoy cobra relevancia y actualidad su discusión.
En el Perú se ha desatado una fuerte oposición desde las élites empresariales como la CONFIEP, partidos de derecha como el fujimorismo y el APRA, incluso los 5 gobernadores regionales de la Amazonía se han pronunciado llamando a que no se suscriba el acuerdo, el argumento que repiten es que se trataría de una forma disimulada o un caballo de troya que nos hará perder soberanía sobre la Amazonía.
Lo cierto es que El Acuerdo de Escazú, establece estándares que cada Estado debe adoptar como mínimo, para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, que mejor forma de evitar que se esquilme la Amazonía garantizando el acceso a la información, la pregunta es, ¿cuándo estamos ante un real peligro, cuando se esconde la información o cuando esta está considerada como derecho humano y esta accesible a todos?, ¿a quién o quiénes interesa que las cosas se sigan haciendo con candados y con el sello de secretismo?¿por qué les aterra que los ciudadanos conozcamos los detalles de cada acuerdo que se suscriba sobre la Amazonía? No es coincidencia que las élites y los partidos de derecha hayan emprendido una satanización al Acuerdo de Escazú, están dispuestos a todo, con el fin que el Perú no ratifique el acuerdo y lo hacen como no, flotándose las manos, ya saben por qué.
Ahora, para alcanzar los estándares que garanticen el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales. ¿Esto es perder soberanía?
Este acuerdo se convierte en la oportunidad para diseñar una administración de justicia ambiental en el Perú que garantice la prevención y atención ante situaciones que pueden afectar al ambiente. O queremos que la deforestación siga campeando con actividades ilegales y además afectados derechos humanos ambientales, estas situaciones están en juego, no es poca cosa, es el presente y futuro de nuestro país.
¿SILENCIOS COMPLICES?
Finalmente un llamado a los Colegios Profesionales, Universidades de la Amazonía y en particular la Universidad Nacional de San Martín y su Facultad de Ingeniería Ambiental, el IIAP, SERNANP, entre otros a dar apertura para el debate, su silencio puede interpretarse como complicidad, más todavía cuando el futuro de ESCAZÚ está en manos del Congreso de la República, que desde mi punto de vista debería ratificarse en el Pleno para que pueda estar vigente en nuestro país. Desde la sociedad civil a seguir informándonos sobre el Acuerdo de Escazú, de esa manera promoveremos su aprobación con causa y podremos exigir el cumplimiento de las condiciones que establece. No olvidar que el principal aliado de un conocido sector y algunos empresarios, es que no tengamos acceso a la información, no les demos ese gusto. Transparencia en nuestro accionar es lo más demanda la población, empecemos a FORMAR CIUDADANIA.