Dicho requerimiento de prisión efectiva por parte de la fiscal Rebecca Haciski será hasta que el Secretario de Estado decida su extradición al Perú, ya que existiría un peligro de fuga.
La fiscal Rebecca Haciski de la Corte del Distrito Norte de California de Estados Unidos acaba de solicitar al juez Thomas S. Hixon, revocar el arresto domiciliario por el de prisión efectiva para el expresidente Alejandro Toledo Manrique.
Dicho requerimiento de prisión efectiva por parte de la fiscalía será hasta que el Secretario de Estado decida su extradición al Perú, ya que existiría un peligro de fuga.
Rebecca Haciski, señala que, de acuerdo con el estatuto de extradición, Toledo Manrique ya no puede acogerse al arresto domiciliario, por lo que solicita su inmediato retorno prisión. “Es más, incluso si el arresto domiciliario fuera una posibilidad, Alejandro Toledo representa un riesgo significativo de fuga, y no hay circunstancia especial alguna que justifique su puesta en libertad”, precisa la magistrada.
El documento también precisa que “Toledo se encuentra actualmente en libertad bajo fianza» pero, debido a la reciente resolución del magistrado Thomas S. Hixon, el exmandatario «ya no es elegible para la fianza porque el estatuto de extradición requiere expresamente la detención de fugitivos”.
Como se recuerda, el exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde venia residiendo. Tras su detención estuvo en prisión por ocho meses, luego que el juez considerara un riesgo de fuga, sin embargo, en marzo 2020 con la llegada de la pandemia a causa del Covid-19, la defensa de Toledo Manrique solicitó el arresto domiciliario al considerar que corría peligro de contagio y muerte.
Pedido de Habeas Corpus
Recordemos, que Toledo en entrevista con la agencia EFE anunció que su defensa presentaría un “habeas corpus” con la finalidad de evitar su extradición.
En caso que la Justicia norteamericana acepte el “habeas corpus” solicitado por la defensa el expresidente, esto podría suspender temporalmente el proceso de extradición, aunque primero la Corte tendría que ordenarlo explícitamente.