Esta tarde se iniciará el pleno sobre pedido de vacancia.
URGEN REFORMAS COMO: Educativa, judicial, ley de partidos políticos, policial, anticorrupción y política, pero una mayoría de congresistas que se opone a esas reformas.
La representación política en el país está crónicamente fragmentada, en la última década han crecido las pugnas entre el legislativo y el ejecutivo, el desenlace de este conflicto ha generado protestas masivas inéditas. La débil democracia es acosada por una representación política desgastada y dividida entre fuerzas a favor y en contra de reformas.
La pandemia golpeó duramente la vida social y económica peruana, acentuando la división política. Se avecinan riesgos significativos, incluyendo una mayor conflictividad y fragmentación política. Es crucial encontrar formas de reducir la brecha de representación y volver a involucrar a los ciudadanos -especialmente a los jóvenes- en la política organizada.
El desafío político dominante del Perú en las últimas dos décadas ha sido la búsqueda continua e irresuelta de una representación política adecuada por una sociedad diversa, desigual y fragmentada. En otras palabras, la ausencia de canales institucionales que puedan transmitir efectivamente sus demandas al Estado y de una capacidad institucional estatal apta para responder a sus necesidades. Al carecer tanto de un aparato estatal capaz de gobernar, partidos políticos organizados y estables la democracia peruana se tambalea y los ciudadanos estamos cada vez más decepcionados y confundidos.
Detrás de la turbulenta dinámica de la vida política en el país se encuentran dos fisuras que afloran periódicamente, inyectando presiones y tensiones en el sistema.
La primera de ellas es una profunda división socioeconómica, entre aquellos que están integrados a la economía de mercado -que privilegia la inversión en minería e hidrocarburos- y aquellos a quienes dicha inversión ha dejado atrás o, incluso, han sido perjudicados por ella, como los grupos indígenas.
La segunda es una división territorial, entre las provincias desatendidas y un centro con sede en Lima poderoso y, a menudo, despectivo.
Mutuas acusaciones de corrupción vinculadas a la investigación internacional de corrupción del caso Lava Jato sobre sobornos pagados por empresas brasileñas. En medio de acusaciones de uno y otro bando, el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo se intensificó hasta que Kuczynski renunció en 2018 para evitar ser destituido por el Congreso.
Lejos de disminuir, el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo se intensificó aún más después que Martín Vizcarra, asumiera la presidencia. Definió entonces el conflicto ejecutivo-legislativo como una cruzada reformista anticorrupción contra una clase política y un congreso corrupto. La primera fase de esta pugna entre Vizcarra y el órgano legislativo terminó cuando Vizcarra disolvió el congreso, en setiembre de 2019.
La COVID-19 golpeó duramente el país tuvo la tasa de mortalidad por la enfermedad más alta del mundo. La pandemia ha devastado la economía y, además, ha causado una enorme agitación política. Los debates sobre el manejo problemático de la pandemia por parte del gobierno y su impacto económico agudizaron la lucha política entre un presidente popular y un congreso recién elegido, pero cada vez más impopular.
El abismo entre el poder legislativo y la ciudadanía se hizo particularmente evidente cuando el 9 de noviembre de 2020 los congresistas destituyeron a Vizcarra. Lo expulsaron del poder utilizando la dudosa y controvertida figura legal de alegar “incapacidad moral permanente” y formaron un nuevo gobierno encabezado por el presidente del congreso, Manuel Merino.
La indignación ciudadana estalló, provocando protestas masivas en múltiples zonas del país bajo consignas como “Merino usurpador” y “este congreso no me representa”. Sacudido por las protestas, el gobierno ilegítimo renunció tras una semana en el poder y el congreso eligió un gobierno interino que gobernará hasta elecciones nacionales en abril de 2021.
La amplia participación de los jóvenes de la llamada “generación del bicentenario” en las protestas replanteó la división anterior entre fujimoristas y antifujimoristas.
Al profundizar y visibilizar las brechas e inequidades socioeconómicas existentes, la pandemia ha sentado las bases para la repolitización de la división socioeconómica, sin embargo, todavía no está claro si habrá un actor político capaz de articular, organizar y representar estas reivindicaciones políticas de sectores indignados.
¿Cuáles son las perspectivas y los riesgos para la democracia peruana? Un peligro importante es la continuación o, incluso, la intensificación de la inestabilidad política debido a la alta probabilidad de que la fragmentación electoral continúe y la persistente y grave ambigüedad constitucional de vacancia del presidente por incapacidad moral permanente.
En tercer lugar, el surgimiento de una agenda reformista y a favor de la institucionalidad, dirigida a defender la democracia, es buena noticia para Perú. Sin embargo, su organización social incipiente y la poca representatividad y organización política detrás de ella, probablemente hagan que este sector tenga dificultades para contener tendencias y grupos de interés no democráticos.
En este contexto inquietante e incierto, ¿qué se puede hacer para disminuir los riesgos para la democracia?
Una prioridad es fomentar la vigilancia por la democracia desde las organizaciones civiles, medios de comunicación. Esto es crucial considerando que fue la protesta social prodemocrática la que detuvo el reciente impulso autoritario del congreso. En particular, las organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo defender y fomentar la democracia deben aprovechar la oportunidad y canalizar la participación de jóvenes hacia una agenda democrática y a favor de la institucionalidad. Deben trabajar para fortalecer su capacidad organizativa para agregar demandas ciudadanas y coordinar diversas agendas ciudadanas.
Los medios de comunicación privados de Perú también deben sumarse al reto ciudadano. Desde la transición democrática de 2000, las principales empresas y conglomerados mediáticos privadas han asumido que los ciudadanos solo quieren distraerse y han renunciado a su deber de proporcionar información política de calidad y de promover la deliberación pública.
Un segundo gran desafío es encontrar formas de disminuir la brecha de representación entre los ciudadanos y las autoridades electas, canalizando el renovado interés de los jóvenes en la política hacia una participación política más organizada.
Una tercera prioridad es impulsar la agenda de reforma política pendiente e impulsar una reforma liderada por civiles. La gran pregunta aquí, es quién estará dispuesto y será políticamente capaz de hacerlo.
Texto de Imagen: El diseño institucional peruano, un presidencialismo parlamentarizado, tiene un conjunto de mecanismos que no tiene ningún país.