Hace casi diez meses que el Congreso de la República debió elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo en reemplazo de Walter Gutiérrez Camacho, cuyo periodo venció el 7 de setiembre del 2021. Sin embargo, hasta la fecha el Parlamento no solo ha demorado la designación del sucesor de Gutiérrez, sino que además ha establecido que el proceso de candidatos se dará por invitación de las bancadas y no por concurso público.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (N°26520), la designación de un defensor del pueblo se realizará entre los 60 días antes de que termine el periodo del actual Walter Gutiérrez, cuyo mandato terminó el 7 de setiembre del año pasado, hace casi 8 meses. Así, el Congreso lleva cerca de 10 meses de retraso e incumpliendo la ley.
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
El 13 de agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo informó al Congreso a través de un oficio que la institución se encontraba lista desde el 10 de julio para iniciar el proceso de elección y designación del sucesor del defensor Walter Gutiérrez. No obstante, pese a que el artículo 6 de su reglamento establece la designación del titular de la Defensoría como una de las obligaciones del Congreso, hasta la fecha no se ha realizado.
Recién a fines de marzo de este año, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que la elección del nuevo defensor del Pueblo se realizará por invitación. Es decir, “los distintos grupos parlamentarios deberán formular sus propuestas de candidatos y en tal caso, presentar las correspondientes hojas de vida”, según explicó María del Carmen Alva. Desde mediados del 2012, cabe recordar, la ley contempla dos modalidades para elegir al defensor del Pueblo. Estas son la ordinaria, que se trata de un concurso público en donde los profesionales que cumplan con los requisitos pueden postular; y la especial, en donde una comisión del Congreso compuesta por representantes de diferentes bancadas propondrá a sus candidatos para reemplazar a Walter Gutiérrez.
Frente a un proceso de elección especial, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo también envió una carta abierta en donde exigen que el nuevo titular cuenta con integridad y solvencia ética, autonomía e independencia partidaria, capacidad de diálogo para la resolución de conflictos sociales, formación y experiencia en el ámbito de los derechos humanos y una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos y en la lucha contra la corrupción.