‘Se están sumando muchos frentes, ya no es solo la oposición de fujimoristas y otras fuerzas de derecha, es también el malestar de sus bases, que no ven una actuación coherente del presidente.’ 

Las instituciones en Perú han tenido este 17 de junio un punto de inflexión. Por primera vez en la vida democrática del país, un presidente en ejercicio del poder acudió ante la Fiscalía, que le investiga por una trama de corrupción. Durante unas cuatro horas estuvo Pedro Castillo ante los fiscales que tratan de determina su papel en la asignación de obras públicas a cambio de sobornos.  

Castillo, quien no cumple aun un año en el poder, protagoniza un nuevo capítulo de lo que parece ser una novela por entregas. El ex maestro y dirigente gremial del magisterio, ha establecido varios hitos en los pocos meses que lleva en el poder: varios gabinetes, incluso uno de ellos de escasas semanas, distintos intentos legislativos de apartarlo del cargo, así como renuncias virulentas de colaboradores que le apoyaron  

El Gobierno de este fenómeno electoral de 2021, con un discurso de izquierdas que prometía grandes cambios estructurales, se ha enfocado en verdad en permanecer en el poder.  

El fiscal general ha encontrado indicios de que el jefe de Estado encabezó una trama de corrupción. Castillo y su entorno se habrían beneficiado de otorgar de forma irregular la construcción de un puente por 62 millones de dólares.  

La semana pasada, tras estar largas horas ante la Fiscalía, Castillo ha reiterado que no existen pruebas que le involucren a él directamente en un caso de corrupción. «Nosotros no hemos metido la mano para robar», arguye el mandatario. Varios empresarios involucrados en este caso están actualmente en disposición de colaborar con la Justicia peruana para reducir sus sanciones.  

A juicio del veterano periodista de investigación Gustavo Gorritti, el presidente Castillo no tiene formación, ni idea de lo que es un gobierno, ni conocimiento ni horizonte de quién es quién en la política peruana. 

Esto ha constituido una seria limitación, reflejada en los zigzagueantes 11 meses de Castillo en la presidencia de Perú, sin haber podido avanzar en sus promesas de campaña y con un notable desgaste en materia de su valoración pública.  

Karelim López, por otro lado, también figura en los registros de visitas de Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los días previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara la licitación para construir el millonario puente en la amazónica región San Martín.  

Castillo aseguró, por su parte, que había concurrido a la Fiscalía en «un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la Justicia». Se desconoce lo testificado por el presidente y tampoco existe precisión sobre qué pasos dará la Fiscalía tras tener este testimonio.  

«El proceso ante la Fiscalía, me temo, forma parte de una suerte de estrategia que busca minar la credibilidad de Castillo, para tener como un siguiente paso una nueva votación en el Congreso para destituirle declarándole incapacitado para ejercer la presidencia», comenta una diplomática europea radicada por largos años en Lima.  

«Se están sumando muchos frentes, ya no es sólo la oposición en Lima de fujimoristas y otras fuerzas de derecha, es también el malestar de sus bases de apoyo que no ven una actuación coherente de Castillo con los postulados de izquierda que le llevaron al poder. Su Gobierno es sencillamente ineficiente», resume esta diplomática el contexto que envuelve al Gobierno peruano, que en seis semanas cumplirá el primero de sus cinco años de mandato.