No hay muestras de una solución inmediata a la crisis
Mientras la convulsión social continúa en varias regiones, la Comisión de Constitución del Congreso decidió que recién el 15 de febrero el Parlamento votará por la propuesta de adelanto de elecciones para abril de 2024.
Con su decisión, el Congreso da muestras de estar ajeno a la situación crítica que soporta el país. Incluso la presidenta Dina Boluarte, que más temprano dio una conferencia para la prensa extranjera, pidió al Congreso que acelere su voto para adelantar los comicios.
En su encuentro con la prensa, la mandataria, al ser consultada sobre una eventual renuncia al cargo, descartó esa posibilidad y sostuvo que su gobierno era respetuoso del estado de derecho: «¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia?», concluyó.
Sobre el uso excesivo de las fuerza por parte de la policía y los militares, la presidenta respondió en la conferencia: «¿qué hacemos frente a esas amenazas? (…) ¿Dejamos que sigan incendiando y dejamos que el caos campee en el Perú y las fuerzas policiales queden ahí? Creo que dentro de la ley y la constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Las Fuerzas Armadas están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú».
La movilización se realiza en grupos dispersos, se reportaron los primeros enfrentamientos con la Policía. La cifra de fallecidos alcanza los 46 en las protestas de manera directa y 9 como consecuencia del bloqueo de vías.
En Cusco, el aeropuerto Velasco Astete volvió a suspender temporalmente sus operaciones como medida de seguridad.
En las principales ciudades y carreteras los manifestantes se funden en organizaciones regionales, colectivos, universitarios, gremios. En la capital, las marchas continúan con grupos que, en su intento por acercarse a la Plaza Mayor, al Parlamento o a la sede principal del Poder Judicial, se dispersan por las calles del centro de Lima. La policía los disuade disparando bombas lacrimógenas bajo un estado de emergencia que sigue agravando la situación.
La lucha de los heridos por recuperar sus vidas
Rosalino Flores Valverde, de 21 años, se encuentra en una UCI. Su pronóstico es reservado. Recibió 36 impactos de perdigón que han afectado sus intestinos, hígado y riñón.
Hasta el momento, más de 1.400 heridos, la mayoría civiles, es el saldo de la convulsión social en el país. Según el Ministerio de Salud, 66 permanecían hospitalizados hasta el martes 24 de enero. Muchos serán sometidos a diversas cirugías para retomar sus vidas.
Tal es el caso de Elisbán Blas Mamani, 32 años, padre de tres menores. Se encontró en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía. Cayeron bombas lacrimógenas. Mientras intentaba apagar una, sintió una explosión en la pierna y vio que un grupo de policías se acercaba.
«Sentí como que reventó un cohete en mi pie y quise correr, pero me tropecé. Me volví a parar y me tropecé nuevamente» recuerda Elisbán Blas, que tiene un negocio de mecánica de producción en Juliaca. La policía lo alcanzó, lo golpeó en la cabeza y otras partes del cuerpo, antes de ser trasladado al hospital de Juliaca.