Por: Marco Hidalgo Murrieta
“Siete feminicidios solo en la primera semana de enero”, publicaba un diario capitalino el pasado 9 de enero, que subraya la macabra realidad tolerada por una sociedad doblegada ante los hechos. De esos casos, cuatro ocurrieron en San Martín y el resto en diferentes regiones.
Escribir la frase “feminicidio Perú noticias” en el buscador Google, nos aterriza en un país donde el asesinato a mujeres se ha normalizado. En diarios considerados responsables en el tratamiento periodístico de hechos policiales, se enumeran los feminicidios ocurridos hasta mediados de esta semana.
“Unas 23 mujeres fueron víctimas de feminicidio en lo que va del año” (La República, 20 de febrero). La violencia de género, que abismalmente afecta a las mujeres, demuestra que cada 48 horas es asesinada una de ellas en el Perú. En los últimos cinco años se registran 719 feminicidios. Las cifras de desapariciones de mujeres son de escándalo: solo en enero del presente año se reportaron 671 denuncias, y de acuerdo con las estadísticas del último quinquenio, aproximadamente solo la mitad son encontradas.
En la región San Martín, durante el año 2022 se reportaron 219 denuncias por desaparición en la Policía Nacional del Perú, de las cuales se ubicaron 93. Las cifras oficiales de feminicidios de la Defensoría del Pueblo en nuestra región revelan 3 muertes.
Los números no demuestran tendencia a mejora de esta situación, como ocurre en otros países, porque las tentativas de feminicidio se mantienen igual, sostiene Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Rocío Gutiérrez, vocera de la ONG Manuela Ramos, justifica como principal factor el “problema estructural del machismo en el país y la incapacidad del Estado para erradicarlo”.
De las 137 muertes violentas de mujeres por razón de género registradas en el 2022, sus asesinos fueron: conviviente (33 %), exconviviente (15 %), exenamorado (12 %), enamorado (10 %), esposo (6 %), pareja sexual sin hijos (3 %) y otros (21 %). Según el Registro Administrativo de Feminicidios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, aproximadamente una de cada 10 víctimas de feminicidio había denunciado antes a su pareja.
Tener identificadas a las víctimas que denuncian violencia familiar, podrían salvar vidas con “paquetes de atención”, plantea Wilson Hernández, investigador adjunto de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo). Dice que este paquete debe incluir defensa legal, soporte médico y psicológico para ella y sus hijas/os, hogar temporal, soporte económico, protección policial, reconexión con sus redes y soporte escolar.
Avances y propuestas
Una medida para contrarrestar este flagelo social, sugiere Hernández, es la de “homogenizar las cifras”, porque los organismos estatales manejan diferentes reportes y trabajan de manera aislada. Otros especialistas plantean la mejora de la calidad de los servicios de los Centros de Emergencia Mujer – CEM.
En el mismo orden de prioridades, está la implementación del Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, capacitar a los funcionarios públicos que trabajan con víctimas de violencia (policías, fiscales, jueces, entre otros) y continuar con la restructuración del Programa Aurora del MIMP.
Los ministerios y sociedad
En su reporte “¿Qué pasó con ellas?” sobre igualdad y no violencia de la Defensoría del Pueblo, publicado en diciembre del 2022, este organismo focaliza sus recomendaciones. Al Ministerio de la Mujer, sobre la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas por particulares, debe incluirse de manera expresa en la política pública frente a la violencia basada en género contra las mujeres.
Al Ministerio del Interior, entre otras acciones, debe hacer pública la estadística sobre la relación entre la desaparición y la comisión de otros delitos a partir del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED) y las principales causas de la desaparición. Indica que resulta indispensable disgregar la estadística de denuncias y personas ubicadas por sexo y edad.
Asimismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizar un estudio criminológico sobre las causas de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas/os en el Perú. A todas las instituciones y empresas, y a los medios de comunicación, asumir un rol activo frente a la desaparición, difundiendo las notas de alerta y alertas de emergencia ante la desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres afectadas por violencia de género.
Penas por feminicidio
El artículo 108-A incorporado en el Código Penal, define al feminicidio como “el homicidio de una mujer por su condición de tal”, es decir, por el hecho de ser mujer, en el contexto de violencia familiar, coacción o acoso sexual, abuso de poder y discriminación, imponiendo penas hasta de cadena perpetua cuando existen circunstancias agravantes.
Canales de ayuda
Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). (Fuentes: Defensoría del Pueblo, MIMP, La República, PUCP)