El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Martín, está pidiendo que el juez Edward Sánchez Bravo sea cambiado del cargo que ocupa como presidente de la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de San Martín, por haber mostrado, de acuerdo a su concepto en más de una ocasión parcialización a favor de la actual gestión de la mencionada casa de estudios.
Entre otras cosas, manifiestan que los vocales Edward Bravo Sánchez y Pichén Ávila de la segunda Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, fueron sancionados por dilatar procesos de la Universidad Nacional de San Martín con 10 Unidades de Referencia Procesal (equivalentes al 10% de una UIT). Esto no pasaría de ser un hecho anecdótico, si es que no tomaríamos en cuenta que ambos magistrados son además docentes de la Universidad Nacional de San Martín, además de haber sido denunciados ante la OCMA por sostener reuniones de trabajo en las oficinas del Poder Judicial, fuera del horario de trabajo, con el asesor legal universitario Lister Celis, quien tal como indicáramos hace algunos días, ha sido denunciado por el Ministerio Público por recibir de manera irregular su sueldo.
Resaltan en un documento dirigido al presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Walter Ángeles Bachet, que les extraña que también él trabaje en la Universidad Nacional de San Martín, lo que consideran un riesgo para un trato justo.
Hacen notar asimismo que este juez ganó un concurso para laborar a tiempo completo en la Universidad Nacional de San Martín, como docente, refiriendo además que no tiene incompatibilidades laborales para aquello, cosa que es evidentemente falsa. Tras ganar el concurso, el juez Edward Sánchez solicita inmediatamente cambio de modalidad laboral a tiempo parcial y lo más sorprendente es que se la dan (a pesar de haber realizado un concurso específicamente para un docente que ocupe todo su tiempo en la UNSM).
Por todas estas razones le exigen al presidente de la Corte Superior de Justica que remueva a dicho juez y ponga a otro que garantice imparcialidad en los procesos en contra de los actos de corrupción, los mismos que demoran mucho en ser tramitados o simplemente no les hacen caso, favoreciendo de esta manera a que exista en torno a la universidad un hálito de impunidad