Viviendas se encuentran en inminente peligro ante un posible desborde del día, por lo que necesitan reubicación urgente.
La Defensoría del Pueblo constató que la población afectada por el desborde del río Cumbaza, en el sector de Cumbacillo, -Asentamiento Humano Isla Bonita-, en Tarapoto, aún no ha recibido la atención necesaria por parte de la Municipalidad Provincial de San Martín a 18 días de ocurrido el hecho.
En ese sentido, ha instado a esta entidad a cumplir esta obligación inmediata de asistencia técnica y humanitaria, establecida en la Ley 29664.
El 10 de marzo, una torrencial lluvia aumentó el caudal del río Cumbaza, lo que ocasionó que se desborde y afecte la infraestructura de las viviendas de material noble de las personas y se lleve sus pertenencias. Ante ello, personal del Módulo Defensorial de Tarapoto acudió al lugar, en donde conoció, en versión de las y los pobladores, que solo habían recibido un kilo de arroz, pescado, azúcar, pan, entre otros por un solo día.
Sin embargo, se verificó que, en el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, que compila todas las emergencias en la región San Martín, no se evidenciaba el reporte del caso mencionado, por lo que se entiende que no fue registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación. Dicha información fue compartida a la Gerencia de Riesgos de la Municipalidad Provincial de San Martín, pero, a la fecha, aún no han atendido la emergencia.
“Las autoridades regionales y locales son las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus ámbitos de competencia, de acuerdo con la Ley 29664. Por ello, urge que la autoridad municipal provincial atienda urgentemente a las personas damnificadas”, señaló Katheryne Chamoly, coordinadora del Módulo Defensorial de Tarapoto.
Asimismo, la funcionaria indicó que, recién 14 días después de ocurrido el evento, la municipalidad provincial lo registró en el Sinpad, lo que genera preocupación, pues esa tarea debe ser inmediata. “Ello implica un análisis de la situación de la zona y evaluación de daños, para determinar qué medidas de asistencia técnica y ayuda humanitaria se adoptarán”, precisó.
Por otro lado, la nota de la Defesaría señala “en supervisión realizada el 22 y 23 de marzo, se entabló comunicación con 12 secretarios técnicos de los 14 de las municipalidades distritales de la provincia de San Martín (no se logró ubicar a las de Tarapoto y Chipurana). De este grupo, 9 eran nuevos en el cargo y señalaron no contar experiencia en el cargo y que se encuentran capacitándose en la actualidad; además, 8 de ellos manifestaron que, en sus jurisdicciones, ocurrieron eventos climatológicos que afectaron a la población, pero que, en algunos casos, aún se encuentran empadronando a las personas, lo que dificulta la ayuda humanitaria oportuna”se puede leer en la nota.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo recuerda que es necesaria la articulación de esfuerzos para la ejecución de medidas destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como la respuesta y rehabilitación en casos que ameriten. Esto debe implicar una respuesta adecuada sobre todo en zonas altamente expuestas a lluvias intensas, en salvaguarda de la población y sus medios de vida.
A tomar en cuenta
¿Qué es lo que señala la Ley 29664 de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus ámbitos de competencia?
La ley señala establecer los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción del riesgo, lo que implica adoptar acciones que se orienten a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
Según la clasificación los riesgos, desastres y peligros la ley establece como: Peligros inducidos por la acción humana, originados por fenómenos de geodinámica interna. Peligros originados por fenómenos de geodinámica externa. Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos.