Víctimas de violencia física y psicológica no contaban con medidas de protección ejecutadas y colegios no cumplen protocolos para atención violencia escolar.
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto dirigió una visita de supervisión en el distrito de San José de Sisa, ubicado en la provincia de El Dorado, donde pudo evidenciar distintas deficiencias en la atención oportuna de víctimas de violencia. Pese a que los centros emergencia mujer (CEM) de la localidad registran hasta el momento más de 180 casos de violencia, se pudo detectar que algunos de ellos no son atendidos en forma adecuada.
Uno de estos casos fue detectado en el CEM ubicado en la comisaría del distrito. Al supervisar dicha dependencia se advirtió que aún no se habían notificado las medidas de protección en un caso de violencia física y psicológica, pese a que la víctima había tenido que huir de su casa junto a 4 de sus 6 hijos menores de edad.
Fue la intervención de la sede defensorial ante el Juzgado Mixto de El Dorado, lo que motivó a que se notifique a la Policía Nacional del Perú la ejecución inmediata de las medidas dictadas, a fin de proteger la integridad de la víctima y de sus hijos.
También se supervisaron las instituciones educativas Manuel Mesones Muro, del nivel secundario; y Andrés Reátegui Reátegui, del nivel primario, advirtiéndose que los casos de violencia escolar no son atendidos de acuerdo a los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación, principalmente en lo referido al registro de casos en el portal SíseVe. En ambos planteles se informó, además, que no han recibido capacitación sobre gestión de la convivencia escolar por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) El Dorado.
Entre otros hallazgos, se encontró también que el único patrullero con que cuenta la Comisaría de San José de Sisa se encuentra fuera de servicio desde el año pasado. El equipo de representantes del Módulo Defensorial de Tarapoto se trasladó posteriormente a la Municipalidad Provincial de El Dorado, donde se constató que dicha institución no ha cumplido con llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a mayo, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades señala que dichos espacios de vigilancia ciudadana deben desarrollarse, como mínimo, dos veces al año, en los meses de mayo y septiembre.
Asimismo, que el alcalde provincial no estuvo presente en la única sesión de la instancia de concertación para la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, desarrollada en 2 de junio último, pese a tratarse de la autoridad que preside dicho espacio de trabajo conjunto.
Tras dar a conocer estos resultados, la coordinadora de Módulo Defensorial de Tarapoto, Katheryne Chamoly, informó que cada uno de los hallazgos fue trasladado a las autoridades de cada sector, a fin de que se adopten medidas correctivas. Advirtió además que, en el caso del alcalde, existen sanciones que pueden llegar hasta la suspensión de cargo en caso de no cumplir con las obligaciones de dirigir la instancia de concertación. “Haremos seguimiento exhaustivo al cumplimiento de nuestras recomendaciones para que la ciudadanía no vea vulnerados sus derechos fundamentales”, remarcó.