De acuerdo al informe de medio digital Impacto Regional, que dirige José Luis Rodríguez, el cuñado del consejero regional por San Martín, Jorge Corso Reátegui, Miguel Ángel Rodríguez Sangama, contrató con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, de acuerdo al informe del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
En este caso, el cuñado ocupa el 2° grado de afinidad con respecto al consejero regional Jorge Corso y, de acuerdo con la normativa de contratación pública vigente, se encuentra impedido de participar en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia territorial del consejero, incluso sea como persona jurídica, apoderado, representante legal o accionista.
Si bien es cierto, el consejero no sería el responsable, como intentó aclarar, lo raro es que, en sus acciones de fiscalización no se haya dado cuenta de esta irregularidad, realizada entre la entidad y su cuñado, nombre que debió llamarle la atención y denunciar inmediatamente
El cuñado y proveedor del PEHCBM es accionista, integrante del órgano de administración y representante de la empresa Bordados Confecciones Rodríguez EIRL, con RUC 20610349731, la cual inició sus actividades en febrero del presente año, con el rubro de fabricación de prendas de vestir y acabados de productos textiles.
En este caso, sorprende que el administrador y el jefe de Logística no hayan detectado este impedimento por ser expertos en el tema de adquisiciones. Tampoco debe omitirse cierta responsabilidad a la encargada de Control Previo, ya que asume un papel importante en este procedimiento. Se habrán hecho de la vista gorda para que el cuñado del consejero concrete estas compras, dice el informe periodístico.
El documento de la Subdirección de Identificación de Riesgos de Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos de la OSCE, del pasado 21 de junio del presente año, refiere que, a pesar de encontrarse impedido de contratar con el Estado, conforme a Ley, constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, por lo cual se remite a este órgano resolutivo el dictamen para que evalúe la apertura del respectivo procedimiento administrativo sancionador.
El dictamen de la mencionada subdirección firmado por Wendy Melissa Cruz Kamiche, fue remitido al Sistema Nacional de Control para las acciones que correspondan en el marco de sus competencias.
Al respecto, el abogado Gonzalo González González, especialista en Contrataciones con el Estado, señaló que no se puede contratar con el Estado siendo autoridad regional y menos aún dentro de su jurisdicción.
Asimismo, el reconocido hombre de leyes mencionó que en este caso que compromete a la autoridad y su cuñado, también se estarían cometiendo otros delitos configurados en el Código Penal, como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Artículo 377), que para el caso de un funcionario también comprende su inhabilitación. El delito sería netamente doloso si se llegara a probar algún acuerdo, vínculo o connivencia.