El proyecto de Reglamento de la Ley N° 31595 debe precisar las funciones de supervisión y fiscalización de la medida.
En el marco de sus funciones de supervisión de la adecuada prestación de los servicios públicos, la Defensoría del Pueblo formuló al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) un conjunto de aportes al proyecto de Reglamento de la Ley n.° 31595, el cual promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con la finalidad que la medida se produzca de manera efectiva y periódica en beneficio de los ciudadanos.
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo en el informe de comentarios al proyecto de reglamento .(https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-juridico-defensorial-n-011-2023-dp-amasppi/) recomendó especificar los aspectos a supervisar por las municipalidades distritales o provinciales con relación al proceso del retiro del cableado aéreo, delimitando claramente sus acciones frente al ámbito de supervisión y aplicación de sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y el propio MTC que intervienen como Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)
Osinergmin y Osiptel
Para complementar el apoyo técnico en las acciones de las entidades antes mencionadas, se sugirió incorporar una disposición expresa sobre las funciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en la supervisión y fiscalización de la infraestructura pública y el cableado aéreo, en el marco de sus competencias.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo expresó a la entidad la necesidad de establecer disposiciones para viabilizar la presentación y atención de quejas o reclamos de los ciudadanos sobre el mal estado, deterioro o desuso del cableado aéreo de los servicios de telecomunicaciones y electricidad, considerando la inseguridad que esta situación genera, así como los mecanismos de reparación por los posibles daños ocasionados.
La comunidad en general es consciente que impulsar el retiro progresivo y periódico del cableado en desuso o en mal estado, acumulado durante todo este tiempo en la vía pública, es una medida cuya implementación urge para contribuir en la mejora del ordenamiento y estética de calles, plazas y parques de las ciudades, evitar accidentes o daños materiales y permitir el adecuado mantenimiento y reparación de la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad en operación.
Por su parte, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, resaltó la relevancia de impulsar acciones coordinadas entre los gobiernos locales, las entidades de ámbito nacional y el sector privado para la implementación de la norma, en beneficio del derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en entornos saludables, seguros y con servicios públicos de calidad.