El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, firmó la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aunque estaba pendiente la votación de dos pedidos de reconsideración.
En el siguiente informe, el abogado especializado en delitos ambientales César Ipenza critica la decisión. Además, advierte sobre el impacto que tendrá la norma tanto en los bosques y en los pueblos indígenas, como en la agricultura local y las relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
Por: César A. Ipenza – Fotografía: Beto Cabrera M.
Los intentos por modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre datan de hace más de dos años y no han sido aislados: a fines de 2021, las congresistas Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre) y Lady Camones (Alianza para el Progreso) presentaron dos proyectos distintos y, meses después, el legislador Pedro Edwin Martínez (no agrupado) sumó uno más.
Estas iniciativas —rechazadas por organizaciones de la sociedad, asociaciones de productores agrarios y organizaciones de pueblos indígenas por las graves implicancias que tienen para la Amazonía— se acumularon en una propuesta de modificación que recibió opiniones técnicas negativas de diversas instancias, incluyendo embajadas. Aun así, tras su aprobación inicial en el Pleno y la observación por parte del Ejecutivo, en agosto de 2022, la insistencia ha sido tenaz.
Sus promotores alegan que la propuesta busca beneficiar directamente a pequeños agricultores en condiciones de pobreza, en un intento por confrontar a “ambientalistas” y “pequeños productores”. Sin embargo, la modificación aprobada por insistencia en diciembre —que no se firmó hasta el 10 de enero de 2023 por la existencia de dos pedidos de reconsideración, aún pendientes de votación— incluye una disposición complementaria final que modificará las reglas del cambio de uso del suelo.
“La norma se convertirá en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación de derechos humanos»
Esta disposición complementaria final habilita la creación de “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, que no requerirán pasar por una clasificación por su capacidad de uso mayor, ni cumplir los requisitos exigidos en el artículo 38 de la Ley Forestal.
Con ello, la norma se convertirá en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación de derechos humanos, al permitir la instalación de actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar, previamente, si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria.
Disposiciones como estas benefician a actores que han incumplido, previamente, los requisitos exigidos en la Ley Forestal, debilitan la protección a los bosques y la gestión ambiental, además de ignorar los derechos de los pueblos indígenas e incentivar la deforestación. En otras palabras, los beneficiados serán la gran industria, organizaciones criminales y actores con antecedentes de delitos ambientales, que gozarán de impunidad.
“La norma debilita la gobernanza forestal, los ecosistemas y la conservación de la amazonia».
Nadie puede negar que, con esta medida, se debilita la gobernanza forestal, los ecosistemas y la conservación de la Amazonía, pues se impone una visión particular cuando los bosques superan la visión agrícola, sino que también son servicios ambientales.
Por todo eso, era relevante la presencia y opinión vinculante del Ministerio del Ambiente, que ahora no la tiene. Sin embargo, esta instancia no ha hecho ninguna manifestación o pronunciamiento por esta reducción de sus competencias, lo que involucra, además, compromisos climáticos, que ahora parecen ser solo un discurso.
El derrotero hasta la promulgación
Las modificaciones a la Ley Forestal, aprobadas inicialmente en julio de 2022 en el Pleno del Congreso, fueron observadas por el Ejecutivo un mes después. En ese momento, las opiniones técnicas advirtieron que, con una norma de este tipo, Perú incluso estaría incumpliendo compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos y, también, otros asumidos con la Unión Europea.
A pesar de ese antecedente, en marzo de 2023, la propuesta fue impulsada por insistencia en el Pleno. En esa oportunidad, el proyecto se archivó al no alcanzar los votos necesarios. Sin embargo, otros dos congresistas —Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular) y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular)— presentaron solicitudes de reconsideración.
Nueve meses después, el 14 de diciembre de 2023, se votó la reconsideración y la propuesta se aprobó sin mayor deliberación y sin considerar las varias opiniones técnicas en contra de las aportadas por el Estado, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Obviando, además, la obligación de pasar por un proceso de consulta previa —obligatorio para las normas que afectan a los pueblos indígenas— y el impacto devastador que tendrá sobre los bosques del Perú.
“no se cumplió con la obligación de pasar por un proceso de consulta previa».
El 9 de enero, extraoficialmente tomamos conocimiento que los grupos que impulsan esta norma estaban presionando al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, para la publicación de la norma. Sin embargo, esta debía pasar a debate pues fueron admitidas dos reconsideraciones planteadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).
A pesar de eso, un día después —sin mayor comunicación con las legisladoras, y eliminando los pedidos de reconsideración de la norma— el presidente y el vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) firmaron la autógrafa y la remitieron al Ejecutivo para asignar numeración y su posterior publicación en el diario oficial El Peruano.
Esta norma, que dice beneficiar a los pequeños agricultores en el marco de las exigencias de la reglamentación sobre deforestación de la Unión Europea, no resuelve nada, y lo veremos en los próximos meses.
“Con esta norma, Perú incumplirá compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos y la Unión Europea».
Lo que conseguirá, en realidad, es poner en mayor vulnerabilidad a los agricultores y al país, pues supondrá la inclusión del Perú en la lista roja de naciones que no cumplen las condiciones mínimas, además acarreará incumplimientos en el marco de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos.
Entonces, ¿los lobistas que han promovido esta modificación saldrán a la luz? ¿los congresistas que han llevado y expuesto a nuestra patria, nuevamente, a cuestionamiento de nuestros socios comerciales harán algo? ¿Los sectores del Ejecutivo que han guardado silencio cómplice tratarán de resolver el tema?