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lunes, abril 29, 2024

“Efecto Soto”: Tres mil casos irían al archivo por ley que facilita la deforestación en Amazonía

La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente alertó de los posibles efectos inmediatos de modificar la ley forestal y de fauna silvestre

El año pasado, la Comisión de Ética aprobó investigar a Soto por impulsar la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción, y que le sirvió para evadir una pena de cárcel por estafa y apropiación ilícita común.

Unas tres mil denuncias por delitos forestales que se encuentran en etapa de investigación y procesamiento en el Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, pasarían al archivo debido a las recientes modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre, según un informe difundido este martes por Epicentro TV.

Organizaciones nativas y activistas medioambientales ya han advertido que los cambios en la norma, promulgada por el Congreso la semana pasada, representan una violación a los derechos de los pueblos indígenas y facilitan la deforestación de la Amazonía.

La tala y minería ilegales, como el posible enlace con el narcotráfico han elevado las alertas sobre los efectos negativos de la ley. Los especialistas señalan que el incumplimiento de los principios constitución

Sin embargo, un análisis preliminar de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente ha alertado de eventuales efectos inmediatos en más de la tercera parte de los diez mil casos abiertos en fiscalías ambientales, penales y de criminalidad organizada, y juzgados de todo el país.

De acuerdo con el portal de investigación, la entidad que defiende al Estado en materia ambiental viene analizando las posibles secuelas de la ley promulgada por el titular del Parlamento, Alejandro Soto, y el primer vicepresidente, Waldemar Cerrón.

Entre los tres mil casos que pasarían al archivo, está el referido al estadounidense Dennis Melka y el proyecto de palma aceitera instalado sobre diez mil hectáreas de bosque arrasado, así el de los ‘Menonitas’, un grupo religioso asociado a la actividad agrícola que ha devenido en uno de los principales impulsores de la deforestación. Ambos transcurren en Ucayali.

Melka también es investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado como presunto cabecilla de una organización delincuencial. Otra de las investigaciones que se encarpetaría, según el reportaje, es el que incluye a la empresa Tamshi SAC, antes Cacao del Perú Norte SAC, acusada en Loreto por deforestación.

Movidas

Los cambios de la ley forestal, entre otros, suspenden por hasta dos años la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la entrega de títulos habilitantes de parte de los gobiernos regionales, y establecen que los predios privados que no contengan bosques serán considerados áreas de exclusión para fines agropecuarios, lo cual fue motivo de rechazo por parte del Ejecutivo.

Su propia promulgación fue objeto de denuncias. Según la congresista Ruth Luque, Soto incumplió el procedimiento parlamentario porque eliminó las reconsideraciones contra la nueva norma, con lo cual se violó el reglamento del Legislativo, remarcó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Presentan en el Congreso proyecto de ley que busca anular modificaciones que atentan contra la Ley Forestal.

Luque indicó que no había “impedimento” para promulgar la autógrafa. “Tengo que dejar en claro que, de acuerdo con información del Oficial Mayor, las reconsideraciones presentadas por parlamentarios respecto de esta autógrafa de ley han sido presentadas de forma extemporánea. Por tanto, no había ningún impedimento” para oficializarla, señaló.

El año pasado, la Comisión de Ética aprobó investigar a Soto por impulsar la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción, y que le sirvió estratégicamente para evadir una pena de cárcel por estafa y apropiación ilícita común.

Fue el único caso que el grupo parlamentario presidido por Diego Bazán dio luz verde para que siga el proceso.

Los congresistas Eduardo Salhuana, Rosselli Amuruz, Fernando Rospigliosi y María del Carmen Alva votaron a favor, entre otros

Presentan proyecto en el Congreso para derogar modificaciones a la Ley Forestal que favorece destrucción de la Amazonía

El congresista no agrupado, Alfredo Pariona, presenta propuesta para restablecer los cambios que se aprobaron por insistencia en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual promueve actividades agropecuarias en áreas forestales y de protección, incentivando la deforestación.

El congresista Alfredo Pariona Sinche ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República con la finalidad de derogar la Ley 31973, que plantea modificaciones en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, las cuales según señalan expertos en derecho ambiental, legaliza la deforestación y degradación de los bosques, así como vulnera la consulta previa de los pueblos indígenas.

La norma que se busca anular fue aprobada por insistencia en el Parlamento, y sin votar dos reconsideraciones presentadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, de la bancada Cambio Democrático. Cabe resaltar que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ordenó su publicación y entrada en vigor al despacho Presidencial, ayer 11 de enero, infringiendo el adecuado proceso, al no tomar en cuenta los pedidos de reconsideración.

 

El proyecto de ley recientemente presentado este 12 de enero por el congresista no agrupado, Pariona Sinche busca retomar las disposiciones sobre la gestión y aprovechamiento sostenible de los bosques y la fauna silvestre, contenidas inicialmente en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Se suman al pedido los congresistas Bernardo Quito, Silvana Robles, Ruth Luque, Hitler Saavedra y Flavio Cruz.

Los parlamentarios piden la restitución de los artículos 29 y 33, pues son clave para el manejo adecuado de los recursos naturales, y que se eliminen las modificaciones introducidas. En el contexto actual, esta propuesta legislativa toma relevancia considerando la importancia de la conservación ambiental y el manejo sostenible de los recursos forestales en el Perú. Así como garantizar la protección de ecosistemas, punto fundamental en la discusión sobre desarrollo sostenible en el país.

Dado que la propuesta de Pariona Sinche implica derogar legislación existente para reemplazarla con un marco legal anterior, los intereses existentes dentro del Parlamento podrían oponerse. Los siguientes pasos incluyen el debate en comisiones correspondientes y la votación en el pleno del Congreso, proceso que determinará si se efectuará o no la derogatoria de la Ley 31973 y la restitución de las disposiciones de la Ley 29763. Fuentes: Infobae, Epicentro TV

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