En las provincias de San Martín y Lamas
Se determinó presunta responsabilidad dos funcionarios
La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/1 millón 105 mil 929.62 en la obra mejoramiento de la infraestructura vial de los sectores Cacatachi y Chambira, de las provincias de San Martín y Lamas, debido a que no se resolvió el contrato de obra por retraso injustificado y por la aprobación de ampliaciones de plazos por parte de la Gerencia Territorial Bajo Mayo, perteneciente al Gobierno Regional de San Martín.
En el Informe de Control Específico 014-2023-2-0750 se determinó que funcionarios, pese a tener conocimiento que la obra mantenía un atraso en menos del 80% del avance programado, validaron y aprobaron un nuevo cronograma de ejecución de obra acelerado, el cual no representó la aceleración de los trabajos, sino que permitió la reformulación del cronograma de obra inicial, a fin de disminuir el avance acumulado.
De esta manera se evitó que el contratista incurra en un nuevo atraso con un porcentaje menor al 80% de ejecución, lo que hubiera conllevado a la resolución económica del contrato o intervención económica de la obra.
También se pudo advertir que aprobaron la suspensión del plazo de ejecución de la obra N° 1 y su prórroga por un total de 50 días calendario, los cuales no contaron con el sustento legal y técnico.
Además, aprobaron la ampliación de plazo N° 3 por 27 días calendario, de los cuales 13 días no contaron con sustento técnico y legal al no acreditar la afectación de la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra vigente.
Estos hechos generaron perjuicio económico por inaplicación de penalidad de S/1 millón 085 mil 378.78 y S/20 mil 550.84 por reconocimiento y pago de mayores gastos generales, lo que afecta la legalidad y transparencia de la administración pública.
Los hechos determinaron responsabilidad administrativa y penal en dos (2) servidores quienes ejercieron funciones en la Subgerencia de Infraestructura durante el 1 de noviembre de 2021 al 1 de febrero de 2022 y 2 de febrero de 2022 al 31 de diciembre del 2022.
Los resultados del informe fueron notificados al titular de la Gerencia Territorial Bajo Mayo y al procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales en contra de los exfuncionarios comprendidos en los hechos.
Para no olvidar: El 30 de noviembre de 2022, el Gobierno de Pedro Bogarín anunciaba
Carretera Cacatachi – Chambira dinamizará desarrollo económico y social de San Martín y Lamas.
El gobernador regional Pedro Bogarín Vargas, junto al alcalde de Rumisapa, y autoridades locales, inauguró la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del tramo Cacatachi – Chambira, ubicada entre las provincias de San Martín y Lamas. Una obra largamente esperada por los pobladores de Cacatachi y Rumisapa que por años anhelaron la ejecución de este proyecto.
La ceremonia protocolar se desarrolló en el distrito de Rumisapa, en donde la autoridad regional destacó la inversión de más de 11 millones de soles en la ejecución de esta obra, la cual no solo conectará directamente a las localidades de Cacatachi y Rumisapa con Lamas, permitirá ahorrar tiempo en el traslado entre una provincia y otra. Señalaba la nota de prensa.
Al paso del tiempo, sabemos los que pasó con la gestión del médico Bogarín y compañía.
Pasan los meses y el tema parece detenido en el Poder Judicial, en el juzgado que ve el caso del exgobernador y sus cómplices, que en su momento fueron detenidos y exhibidos públicamente -algunos acogidos a la colaboración eficaz, otros reciclados la pasan “piola y disfrutan” de la vida, simplemente como dicen “así funciona la cosa”