Es necesario que aprendamos del rostro del mal a descubrir los caminos del bien, de la honestidad.
Tenemos la corrupción privada y la Estatal. La sociedad civil, el ciudadano comprometido es un héroe en la lucha contra la corrupción en su país y en nuestras Américas. Basándose en la experiencia y criterios, se refleja en opiniones e ideas sobre las experiencias de corrupción recientes en la República del Perú y de la lucha en su contra por diversas instituciones y valientes ciudadanos peruanos. Sigue en la lucha más importante del Siglo XXI, contra la «Tercera Guerra Mundial» contra la Corrupción Globalizada.
El nuevo Milenio sin duda traerá aún más corrupción en los gobiernos, en los negocios, en los organismos sin fines de lucro y en la vida privada, porque esto ha sido la experiencia de todos los milenios anteriores. Será necesario concertar voluntades en el mundo para enfrentar este mal y construir una nueva ética de responsabilidad.
Esperemos que este planteamiento sea de utilidad a los ciudadanos de nuestra región que por medio su análisis y su uso aprendamos de las tristes experiencias anteriores y veamos cuáles son las mejores prácticas a emplear en la lucha de ideas (batalla eterna) de la raza humana con su propia don de corromper, mientras lucha con su propia conciencia que indica que esta es una maldad.
Que aprendamos del rostro del mal a descubrir los caminos del bien, de la honestidad. La lucha contra corrupción escogió como símbolo de la lucha anticorrupción el corazón con huella digital. Ese símbolo es muy apropiado porque solo a través de limpiar la corrupción del corazón de cada ciudadano podemos limpiar la tierra de la plaga de corrupción.
El Poder Judicial en el Perú ha sido sometido a una serie de reformas administrativas y de orden jurisdiccional, desde 1972 ante las sucesivas crisis políticas, sociales y económicas por las que atravesó el país. Desde 1963 se realizó el primer intento de modernización de la organización judicial, que reemplaza a la de 1912 en una sociedad oligárquica, pero que no solucionó los problemas heredados desde el virreynato con una tradición judicial colonial, escolástica y la influencia de las instituciones jurídicas, de la cultura y de la legislación española importada que sustituyó a la organización social incaica.
En 1968 Se señalo la necesidad de moralizar la administración de justicia ante la presencia de un Poder Judicial ineficiente, acusado de corrupción e insensible ante las demandas de justicia y se procedió a la destitución de los miembros de la Corte Suprema, heredados del régimen oligárquico y que eran considerados como obstáculos para los planes políticos del gobierno de turno. Subordinación que continuo desde 1980 con una carta política, donde los sucesivos gobiernos civiles de Fernando Belaúnde y Alan García. Desde 1985 al 90 la justicia peruana quedo partidarizada inmersa en una crisis en los sucesivos enfrentamientos de la judicatura por aumento de sueldos y por la intervención judicial mediatizada por el marco de una guerra subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado Nacional.
En 1990 el Poder Judicial era no solo ineficiente y subordinado al poder en términos generales, sino que estaba partidarizado y había entrado a un peligroso juego político donde los representantes en la Corte Suprema, sacrifican la independencia judicial a las necesidades políticas del gobierno de turno que trazaba las líneas maestras de la política judicial que debería cumplir la magistratura peruana.
El Poder Judicial era un instrumento en la lucha política y que llego a renunciar a sus obligaciones de sancionar a un sector de los subversivos, por una situación de apatía, irresponsabilidad, miedo, y en un marco legal que le permitía la impunidad.
En 1992 del 5 de abril se disuelve el Congreso, cesa a los fiscales y vocales del Poder Judicial y del Ministerio Publico, sin reformas en el Poder Ejecutivo y en la estructura de las FF.AA. Se inicia la reforma judicial que destituye a todos los magistrados partidarizados (del APRA, AP y PPC), a los llamados institucionalistas y a los independientes que no pudieran ser monitoreados (manipulados) por el gobierno para sus proyectos político autoritarios y de corrupción, con el sometimiento de la magistratura.
Otro de los pretextos que fueron usados fueron los problemas crónicos en la administración de justicia: Poder Judicial ineficiente para los justiciables graficada por su onerosidad, lentitud, falta de certeza y corrupción impartida por magistrados insensibles ante el drama humano y con un bajo nivel profesional (mediocridad). -Mañana la Parte II-