Los 7 mil millones de soles gastados en consultorías durante los dos últimos años, pudieron usarse para cubrir las necesidades del Perú, y en dos años se hubiera erradicado la pobreza.
Más de S/24.000 millones por corrupción en el año pasado, las cinco regiones más perjudicadas
El contralor Nelson Shack se expresó acerca de los límites del trabajo realizados por la Contraloría General de la República respecto a diversas acciones irregulares cometidas en diferentes instituciones del Estado. Durante la presentación del informe de corrupción 2023 y agenda de control del año 2024, el representante de este organismo aclaró que los expedientes realizados por su despacho no eliminarán los presuntos actos de fuera de la ley que arrastran varios gobiernos hasta la actualidad.
Al ser consultado respecto a las presuntas acciones irregulares ocurridas durante el año 2023 dentro del Ministerio de Transportes, Shack sostuvo que la corrupción continuará agudizándose mientras no haya sanciones contra aquellos funcionarios.
Para el contralor, la ya hizo su trabajo al 100% elaborando los estudios correspondientes a gastos irregulares dentro de los Ministerios tanto de Transportes como de Vivienda. Señaló que no depende de su despacho lograr sanciones para políticos que robaron dinero o sobornaron con el tesoro público a terceros.
“La Contraloría tiene una enorme capacidad de detección, pero el punto en la lucha contra la corrupción ya no está en que, si hacemos más informes, el tema es la impunidad porque que no hay sanción. Ninguna lucha contra la corrupción va a ser efectiva a mediano plazo si es que no se sanciona civil y penalmente a los corruptos. Hay que meterlos presos, quitarles todo el patrimonio indebido que se han agarrado. Obviamente, como eso demora demasiado administrativamente, tienen que ser sancionados e inhabilitados”, dijo Shack en conferencia de prensa.
Nelson Shack da detalles de las pérdidas
Durante el 2023, se perdieron 24 mil 268 millones de soles por casos de corrupción e inconducta funcional.
“En términos proporcionales, el año 2022, casi 13 soles de cada 100 soles se perdían por corrupción. Ahora está bajando gracias al esfuerzo de la Contraloría, el despliegue de control concurrente, y todo el esfuerzo que vienen haciendo los medios de comunicación con mayores denuncias y también al apoyo de la propia población”, señaló.
En ese sentido, aclaró que su despacho actúa como medidor de los actos corruptos existentes en diferentes esferas del poder. “Nosotros medimos el tamaño de la corrupción no por percepciones, sino mediante la observación de los casos que analizamos, como analizamos miles de casos al año podemos tener una muestra más o menos representativas de todo lo que el Estado hace”, enfatizó.
Procuraduría
Asimismo, adelantó que la Contraloria presentará un proyecto de ley para instalar una Procuraduría especializada en control gubernamental, cuya finalidad será reforzar las funciones de la dicha institución en la gestión de denuncias sobre las irregularidades que se presentan en diferentes organismos del Estado.
“Creo que la Contraloría debería tener una procuraduría especializada en control gubernamental, que tenga las capacidades incluso operacionales para poder darle el impulso procesal a todos estos casos que nosotros enviamos al sistema de justicia”, señaló.
Sin embargo, precisó que hubo una decrecida en los índices de corrupción en el Perú. Explicó que en 2019 había una tasa de 14.9% de incidencia de casos, es decir, que de cada 100 soles del tesoro público se perdían cerca de 15, pero que dicho porcentaje se ha reducido a 12.7% en el año 2023.
Al respecto, señaló que todo esfuerzo o propuestas legislativas impulsadas por la Contraloría harán que las cifras de acciones irregulares desciendan progresivamente.
“Cómo vas a luchar contra la corrupción si no sabes el tamaño del problema, y cómo se va a saber si lo que se está haciendo sirve para reducir la corrupción. Por eso uno de los elementos centrales de la reforma fue crear esta metodología y poder generar una estimación oficial del tamaño de la corrupción en el Perú”, indicó.
Consultorías
Shack sostuvo que gran parte del dinero destinado para satisfacer las necesidades urgentes de los peruanos, son usados para pagar consultorías solicitadas por diferentes ministerios.
En su análisis, aclaró que, si se hubiera usado parte del dinero para consultorías en priorizar los problemas del Perú, nuestro país hubiera eliminado la pobreza al 100% durante los tres últimos años.
Asimismo, puso como ejemplo los bonos entregados a los pobres durante la pandemia por covid-19, que solo fue una pequeña parte del presupuesto destinado para el 2020, y que el resto fue gastado en consultorías durante la gestión del cuestionado expresidente Martín Vizcarra.
“Estamos hablando entre 6 mil a 7 mil millones de soles que se gastan al año, eso es la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú. Si calculo cuanto es la cantidad de pobres que hay en el Perú y cuantifico cuánta plata necesitarían para salir de la pobreza. Por ejemplo, acuérdense que durante la covid nos acostumbramos a dar bonos a cada una de las personas pobres, eso el alrededor de unos 11 mil millones de soles; la mitad se gasta en consultorías. Es por eso que llama tanto la atención por qué se gasta tanto dinero”, reveló.
“Entre el 2022 y 2023 el monto de consultorías ha subido en casi 15%. En 2023 se gastó 15% en consultorías. Con la plata que se gastan en consultorías en dos años eliminamos la pobreza”, agregó.
Los mochasueldos
En otro momento, el contralor sostuvo que la entidad a su cargo no toma acciones de control respecto a un grupo de congresistas que recortaron el sueldo a sus trabajadores.
Aclaró que la Contraloria solo interviene cuando el dinero mal usado o gastado proviene de los fondos público, y que estos tienen como destino satisfacer las urgentes necesidades del Perú.
“A mí me han preguntado, ¿qué está haciendo la Contraloría? No es competencia de la Contraloría, solo ve fondos públicos. Cuando les han quitado la plata a estos asesores, ese dinero es privado, no público. Desde el momento que entró la plata a la cuenta del trabajador, por el cual el Estado peruano a través del presupuesto del Congreso le pago, esa plata es privada y nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer ahí”, aclaró.
Con respecto a los contratos que hace el Estado peruano para gestionar obras, el citado titular de este órgano de control aclaró que su despacho verifica si los acuerdos fueron legales.
Asimismo, resaltó que los bonos entregados por el Congreso a los parlamentarios y sus trabajadores, solo se sustenta en la decisión de la Mesa Directiva parlamentaria.
“Cuando se hacen contrataciones o se entregan gastos, nosotros vemos si es legal, no vemos si es bueno. La Contraloría no discute lo que es bueno, malo, justo o injusto”, refirió.