¿Cómo conciliar la agricultura con el cuidado forestal sin arriesgar nuestras exportaciones?
No solo la modificación de la Ley Forestal, sino también la reglamentación de la Unión Europea traza retos sobre la situación de más de 350 mil pequeños productores de café y cacao, en medio de un debate por la protección de la Amazonía.
Los pequeños productores de café y cacao quedaron en medio del debate surgido en torno a la Ley Forestal Nº 29763. Las alarmas se encendieron, sobre todo, porque se cambió aspectos sustanciales de la ley, generando posturas a favor y en contra.
El debate por esta modificación se situó rápidamente entre quienes, por un lado, acusan que se está desregulando el sector forestal y promoviendo la deforestación y la impunidad; y, por otro, quienes consideran que más bien se está resolviendo algunas necesidades agrarias y facilitando la formalización y la agroexportación.
A la expectativa quedaron más de 350 mil pequeños productores de café y de cacao peruano que solo esperan mejores condiciones de cultivo y de comercio. Una expectativa que, además, tiene el tiempo en contra, ya que a partir de 2025 la Unión Europea, su principal mercado, no recibirá productos que provengan de la deforestación reciente.
¿Qué salidas tienen, entonces? Ley Forestal versus realidad
La Ley Forestal data de julio del 2011 y, entre otras disposiciones, prohíbe realizar actividad agrícola o ganadera en tierras de “aptitud forestal”, es decir, solo se permite cultivar en tierras de “aptitud agrícola” y no en zonas donde hay o hubo bosque forestal. Esto con el objetivo de frenar la deforestación, que es la principal consecuencia de la extensión de terrenos agrícolas, en particular en la Amazonía.
La realidad, sin embargo, es que muchos terrenos agrícolas se han asentado en áreas de aptitud forestal, por lo cual se requiere procesos de zonificación forestal por parte del estado para dar legitimidad sobre los terrenos, y de clasificación de tierras, por parte de los titulares de las áreas para poder instalar cultivos.
“En el cacao, el 99% son pequeños productores, con un promedio de 2.5 hectáreas [cada uno]”, sostiene Luis Mendoza Aguilar, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao. Esta asociación agrupa a unos 25 mil productores de cacao de 33 organizaciones, pero Mendoza estima que en todo el Perú hay cerca de 160 mil productores y que el 70% no está organizado. “Estamos entrando al segundo trimestre del año y el Estado peruano aún no ha hecho nada por subsanar esta exigencia de la UE. Ese trabajo no es de meses, va a durar, por lo menos, dos años. Mientras tanto, nuestra producción se va a ver afectada, sin duda alguna, y la economía del país también”, asegura.
Mal precedente
Para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indica que la modificatoria “debilita la regulación respecto de la conservación de bosques y garantiza la impunidad al autorizar el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias sin evaluaciones técnicas previas”.
José Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, “La norma habla de formalizar todo lo que ya se ha deforestado, y parece querer decir que no va a pasar nada en adelante, pero los que conocemos sabemos que el Estado no tiene información fidedigna sobre cuál es la fecha en la cual se ha deforestado”.
Para el abogado, uno de los graves errores de la norma es que “mete a todos en el mismo saco”, ya que “da el mismo tratamiento al agricultor que ahora debe presentar un CTCUM porque, si no, no puede seguir exportando, como al traficante de tierras que llegó en 2021 y consiguió un título de manera irregular, y que ahora se va a poder formalizar”.
“Recordemos que hay de 150 a 200 mil hectáreas de deforestación anual. ¿Con qué instrumento paramos eso? Los que realizan actividad agrícola hace 30, 40, 50 años por supuesto que tienen que ser adecuadamente insertados dentro de la formalidad, y obviamente tienen que obtener el respaldo del Estado, si queremos que sus prácticas mejoren. Pero con esta norma no solamente se benefician ellos, sino también otros actores. Esa es nuestra preocupación”, agrega Capella.
Esta ley tiene sangre indígena: La vida de Quinto Inuma
Al mismo tiempo, existe el temor de que se frustre la investigación de casos como el del apu Quinto Inuma, defensor ambiental de San Martín que fue asesinado en 2023 tras denunciar delitos de tala ilegal. Marisol García, lideresa kichwa sostiene que el tráfico ilícito de tierras ha aumentado mientras muchos casos siguen impunes.
“Esta modificatoria tiene sangre de líderes indígenas. ahorita muchos están entrando a invadirnos, hacen trochas para que les den constancias [de posesión] y con eso luego tramitan sus títulos individuales. nos preocupa que se desestime muchas denuncias que se viene haciendo”, afirma Marisol García.
La modificatoria de la Ley Forestal señala expresamente que, aunque se puede seguir realizando actividad agropecuaria sobre bosque forestal, no se exime “responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas, que hayan incurrido en delitos relacionados con el tráfico de tierras”. Fuente: Inforegion