El jueves, en horas de la mañana, en la ciudad de Tarapoto, se suscribió un contrato de cesión en uso de tierras con aptitud forestal y/o de protección para asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida de la comunidad nativa Nuevo Lamas.
El acto fue celebrado entre el Gobierno Regional de San Martín a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales de la Autoridad Regional Ambiental, representado por Luis Alberto Vélez Leyva, y la comunidad nativa kichwa Nuevo Lamas, representado por su apu, Lizardo Cachique Ishuiza.
Este contrato se da debido a que esta comunidad nativa posee derechos ancestrales sobre la tierra de acuerdo al artículo 14° del Convenio 169 de la OIT, en el artículo 88° y 89° de la Constitución Política que establece que el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal.
“Después de un largo proceso de diálogo entre ambas partes, se llega a consolidar este importante avance que representa una experiencia a ser replicada a otras comunidades nativas”, manifestó el representante de la Autoridad Regional Ambiental. Por su parte, el apu de la comunidad consideró como día histórico que representa un deseo de sus pobladores. El área en concesión es de 1,620.0154 hectáreas, que se encuentra ubicada en el distrito de Shapaja y es por tiempo indeterminado.
La comunidad desarrollará las actividades de protección y conservación, de forma secundaria otras actividades de aprovechamiento, y acatará las restricciones de uso impuestas por la jefatura del área de conservación regional Cordillera Escalera respecto de los suelos de protección correspondientes a 1,314.79 hectáreas superpuestas con el ACR-CE.
La actividad turística y recreativa se desarrollará siempre y cuando exista participación de la comunidad en coordinación con la jefatura de Cordillera Escalera. Mediante asamblea comunal designarán sus comités de vigilancia y control forestal comunitario.
El Gobierno Regional de San Martín por su parte tiene atribuciones de adoptar las medidas que correspondan para detener cualquier acto de terceros que impida o limita los derechos sobre la cesión, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público y/o para controlar y reprimir actividades ilícitas dentro del área concesionada.