Los últimos años en nuestro país, específicamente en algunas provincias de nuestra región, se ha vuelto casi una costumbre antojadiza promover procesos de revocatoria a las autoridades políticas elegidas previamente por el voto popular. Sin ánimos de desmerecer los mecanismos constitucionales que nos permiten a los peruanos participar en la vida política y democrática del país, tal como lo establece el artículo 2°.17 de la Carta Magna; pero no se puede, sin embargo, hacer uso de estos mecanismos a discreción y actuando de forma irresponsable con los intereses mayores de determinada población.
No hay nada más mesurado y equilibrado que vivir en democracia, es ella quien nos garantiza vivir dentro de un sistema medianamente cómodo, donde se pretende convivir dentro de un ordenamiento que apunte a la consecución de una paz social duradera. Es verdad que nuestras autoridades requieren de un control constante por parte de los ciudadanos, pero ¿cuánta conciencia política tenemos? ¿Tenemos una cultura política responsable? Las respuestas las tienen ustedes; y con seguridad coincidimos con ellas.
Si ya de por sí se nos critica a los peruanos de ser malos electores y de no tener memoria política, ¿por qué tendría que ser diferente a la hora de analizar si tal o cual alcalde o regidores deben ser revocados? Nosotros mismos hemos venido alimentando un ciclo interminable de malas elecciones y contra elecciones. Estamos haciendo que los procesos de revocatoria sean brazos del revanchismo y manos del negociado, estamos convirtiendo a las revocatorias en un deporte social insano que lejos de traernos beneficios o generar mejores escenarios para la gobernabilidad, trae en realidad cuantiosos gastos al Estado, paralización de las gestiones, es decir una auténtica forma de distraernos de los objetivos primordiales.
Se calcula que el Estado el año 2012 en los procesos de revocatoria gastó millones de soles de todos los peruanos, no habiendo prosperado la mayoría de aquellas iniciativas revocadoras; sin embargo, con ese mismo dinero El Estado pudo haber construido cientos de losas deportivas, escaleras en asentamientos humanos, hospitales equipados, más y mejores postas médicas, adquirido más ambulancias, pavimentado calles, invertido en la lucha contra la anemia infantil, y un prolongado etc.
Pero además del gasto que las revocatorias acarrean al Estado, todos los ciudadanos que tienen intenciones de iniciar un proceso de revocatoria deben estar enterados que los requisitos han aumentado, pues la ley ha sido modificada el año 2015, de este modo las vallas ahora son más altas y una de las novedades que trae consigo la modificatoria es que bajo ninguna circunstancia se convocará a nuevas elecciones, vale decir que el accesitario será quien culmine la gestión iniciada por el revocado en caso prospere el proceso contra él.
Es decir, más allá de que la misma Constitución otorgue a los ciudadanos esta prerrogativa de control y participación política, ésta debe ser entendida como una alternativa democrática de ultima ratio (por decirlo de algún modo), producto o consecuencia de un análisis responsable y sesudo ante el evidente caos o fracaso de alguna gestión pública.
Dentro de este panorama habría que recordar también que los regidores no son elegidos para ser siervos que asienten con sumisión las órdenes de los Alcaldes, pues deben ser fiscalizadores permanentes, críticos constructivos, promotores incasables de la gestión, verdaderos defensores de los intereses del pueblo, acusadores sin temor de la corrupción; en cuanto los regidores y los mismos consejeros regionales asuman esos roles no tendríamos por qué llegar cada 3 o 4 años al mismo punto de partida: las revocatorias.
Finalmente, como dijo alguien, el problema del Perú no son los gobernantes que tenemos y hemos tenido, el problema son nuestros vicios, nuestras bajas actitudes frente a los demás y a nosotros mismos. En definitiva nuestra falta de compromiso con la patria.