La última huelga general que se llevó a cabo en Juanjuí el año 2014, dejó dos patrulleros de la policía nacional quemados, varios detenidos hasta ahora procesados, algunos pobladores y policías heridos, paralización del comercio, cierre de la carretera Belaúnde Terry –tramo sur, entre otras consecuencias no menos memorables. Tras varios días de paralización y desconcierto, la huelga se levantó a causa de una mesa de diálogo presidida por la congresista Esther Saavedra, funcionarios del gobierno regional, funcionarios de Essalud-Lima, un Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como representantes de la Municipalidad de Juanjuí, dirigentes del Frente de Defensa, entre otros.
Producto de la huelga de ese año que duró ocho días, la provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí perdió aproximadamente 1’600,000 (un millón seiscientos mil soles), pues el acopio y exportación de cacao se vio afectado, el creciente turismo extranjero espantado, los mercados de abastos cerrados, el tránsito interno y nacional bloqueado, así como cuantiosos productos perecibles arruinados, etc.
Aquella oportunidad la población apoyó la medida de lucha en torno a su Frente de Defensa y la plataforma de lucha fue la misma que hoy se plantea nuevamente, siendo los principales puntos: Asfaltado de la Carretera Belaúnde Terry (Juanjuí-Tocache) tramo Campanilla –Pizana, construcción del Hospital EsSalud, construcción de la vía de evitamiento, construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto, entre otros.
Es criticable desde todo punto de vista que habiendo transcurrido dos años desde la suscripción de compromisos asumidos en la mesa de diálogo, ninguna de estas obras se haya por lo menos iniciado. Pero ¿quiénes son los responsables realmente? ¿Existe acaso una conspiración regional-centralista contra los intereses del sur como muchos creen en Juanjuí? ¿Tenemos la desdicha de elegir únicamente a autoridades provinciales sin capacidad de gestión? ¿Representan en serio la voz de nuestros intereses los congresistas que elegimos? ¿Es el sistema nacional de inversión pública la principal traba? Son preguntas que dan vuelta en la cabeza de los mariscalenses y no tienen una respuesta exacta o quizá tengan un poco de cada una, de cualquier manera resulta frustrante.
Pero más allá de eso, lo que no se ha dicho mucho y debería decirse para evitar que las aspiraciones de todo un pueblo se vean afectadas en el futuro inmediato, es por ejemplo la falta de compromiso verdadero de parte de quien presidió en esa oportunidad la mesa de diálogo, pues fue Esther Saavedra la que en aquella oportunidad asumió un rol protagónico y fiel a su estilo levantó el estandarte de la plataforma de lucha de nuestros anhelos, manifestando incluso: “Voy a ser una permanente vigilante que se cumplan los acuerdos tomados, tenemos que evitar nuevos enfrentamientos y una violencia innecesaria. Todos perdemos cuando hay un paro, no sólo hay perdidas económicas, sino enfrentamientos innecesarios, voy a esperar tener en unos meses los perfiles de los expedientes técnicos, y antes de fin de año (2014) se hayan iniciado las obras que tanto anhela la población de Mariscal Cáceres,” dijo la parlamentaria a voz en cuello. Dos años después nos preguntamos: ¿Cumplió con su compromiso de ser una permanente vigilante? Y pensar que Juanjuí le sumó buena cantidad de votos en esta última elección. Así somos, luego nos quejamos.
Pero no sólo son nuestras malas decisiones al momento de elegir a nuestros representantes, sumado a esto está también la falta de compromiso de la clase política juanjuína, que son expertos en incendiar la pradera pero poco constructivos y acertados al momento de gestionar o cumplir funciones administrativas y políticas desde El Estado, hay entre ellos ex alcaldes que estuvieron presos por corrupción, ex funcionarios que no dieron talla como gerentes, entre otros.
Dentro de este enmarañado panorama, donde la población tiene muchas dudas y desconfianza no sólo en sus autoridades electas sino en quienes encabezan las huelgas, también encontramos una barrera grande por parte del mismo Estado de cara a la ejecución de obras de impacto, pues tal como ya lo dijo el mismo Presidente de la República: “El actual Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es una traba para la ejecución de grandes obras en las regiones, una especie de cáncer que no permite avanzar”, lo dijo en campaña y lo ha vuelto a reiterar hace poco. Y es que en realidad algo que en Juanjuí no se ha dicho mucho es que la mayoría de las obras que reclamamos están cumpliendo su recorrido burocrático dentro del ciclo de proyectos de inversión encaminados hacia su ejecución, tales como el Puente Tarata que de acuerdo a este ciclo de inversión se calcula su inicio para mediados del próximo año al igual que la construcción del Hospital de Essalud, en tanto que la vía de evitamiento aún está calculado para el año 2018; sin embargo, el asfaltado del tramo Campanilla-Pizana será la obra más próxima a ejecutarse de acuerdo al referido ciclo de inversión y que ha sido incluso ratificado por el Ministro de Transportes y actual Vice-presidente del Perú. Es decir, no sólo es tema de mala gestión, no sólo es tema de fríos representantes parlamentarios, no sólo es tema de desidia política, se trata también, y sobre todo en este caso, de inmensas trabas administrativas y burocráticas que impiden el progreso más acelerado de las regiones y que deben ser eliminadas o simplificadas para que nuestros pueblos (como ahora Juanjuí) no caigan en desesperación o en la impotencia y se termine encendiendo por completo la pradera en perjuicio de nosotros mismos.
La desesperación e impotencia no debe cegar a los luchadores sociales, es imperativo que se luche con un enfoque objetivo sin jugar con las emociones de los pueblos, de ahí que hubiera sido mucho mejor exigir más bien al gobierno nacional eliminar el SNIP o simplificarlo para el avance de las obras que más necesitamos todos en Juanjuí y en el Perú. Salvo mejor parecer.