El Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas que tenemos en nuestro país, y no es para menos, sobre todo cuando hechos como el ocurrido respecto a la congresista Vilcatoma saltan a las portadas principales de la prensa nacional agudizando el descontento y fastidio de la opinión pública. El retiro accidentado y casi novelesco de la abogada Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular es el reflejo de la pobreza política por la que atraviesa el Perú y es la confirmación de que urgen reformas trascendentales en torno al sistema electoral, la ley de partidos políticos y por supuesto el retorno a la bicameralidad.
Un país como el nuestro en donde el enfoque de nuestras prioridades debe apuntar a solucionar el problema del abastecimiento del agua en decenas de ciudades del país, a combatir frontalmente la delincuencia y en general debe apuntar a continuar reduciendo las brechas de la desigualdad social, no puede darse el lujo de concentrar su atención en enfrentamientos políticos inoficiosos, y si esto ocurre es precisamente porque el sistema anda mal. Frente a esto resulta sustancial fortalecer desde El Estado la institucionalidad de los partidos políticos, que éstos vuelvan a ser verdaderos centros de formación política e ideológica para superar la etapa de “bazares políticos” en lo que se han convertido los últimos años.
El caso de la congresista Vilcatoma nos lleva a retomar el debate en torno al transfuguismo, pero antes de buscar sanciones respecto a este tipo de actitudes políticas, se debería analizar primero sus causas y los vacíos existentes que lo permiten e impulsan con total facilidad. De ahí que estoy convencido que para reducir y/o desterrar esta mala praxis no sólo debemos fortalecer a los partidos políticos como se menciona líneas arriba, sino también establecer un sistema de elección diferenciado, es decir que la elección democrática de nuestros parlamentarios no sea accesoria a la elección del Presidente de la República, pues siendo dos poderes del Estado que se contrapesan entre sí debería elegirse a sus representantes en tiempos diferentes, de lo contrario se adhieren ciudadanos sin mayor formación política al candidato presidencial favorito y llegan al Congreso por el conocido “voto de arrastre.”
De llevarse a cabo esta reforma electoral, los ciudadanos de la Patria concentraríamos nuestro análisis y reflexión en elegir con exclusividad al representante del poder ejecutivo y del mismo modo pero en otro acto electoral elegiríamos a nuestros congresistas. Algunos incluso lo han planteado como renovación por tercios del congreso cada tres años, lo cual ya es una propuesta puntual que no debe descartarse.
En ese orden de ideas, pretender mejorar el sistema electoral y de partidos políticos obviando el retorno a la bicameralidad no tendría mucho sentido, pues el experimento de la cámara única con la entrada en vigencia de la Constitución del 93 sólo ha servido para incrementar la desconfianza de la población respecto a nuestros representantes parlamentarios a quienes los hemos visto distantes y sumergidos en discusiones muchas veces improductivas, pues con frecuencia se escudan en su representación nacional para evadir la problemática de los lugares donde fueron elegidos. Ahí la necesidad de volver a instaurar una Cámara de Diputados y otra de Senadores, pues la primera tendría una visión más local, mientras que la segunda tendría una visión a escala nacional.
Precisamente una de las consecuencias de dejar “sueltos” a nuestros congresistas una vez elegidos bajo el principio constitucional de no estar sujetos a mandato imperativo es el transfuguismo, pues a diferencia de otros lugares donde los congresistas que están sujetos a mandato imperativo tienen una responsabilidad representativa directa sobre la población electoral que los eligió, en nuestro país se valen de la no sujeción para hacer y deshacer a título personal lo que les plazca de acuerdo a sus intereses.
Ante todo ello, el reto de llevar a cabo una reforma desde El Estado sobre estos temas constituye una valla muy alta, pero así como más pueblos necesitan agua potable y luz eléctrica, así también nuestra estructura política estatal necesita reinventarse en algunos casos y retomar antiguos modelos en otros.