En Perú, el asesinato de mujeres es pan de cada día. Solo en los dos primeros meses del año se perpetraron cerca de 30 feminicidios. El 90 % de agresores de estos casos están en la total impunidad, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las dolorosas cifras parecen decirnos que la impunidad es la norma, porque los primeros informes del MIMP evidencian la misma tendencia con la que terminó el 2018. De los 149 feminicidas del año pasado, el 42 % está detenido pero sin sentencia, mientras que el otro 48 % está libre, prófugo o sin condena.
La violencia contra la mujer es cada vez más visible, pero la justicia no llega a las víctimas ni a sus familias.
Para Brenda Álvarez, abogada y coordinadora del Área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), existe una “falta de debida diligencia en la investigación y judicialización de estos casos” que impide una pronta acción por parte del Estado para atender las denuncias de desaparición de mujeres, que en la mayoría de casos son las primeras señales de un posible feminicidio.
“El sistema de justicia está colapsado y esta situación se agrava por el desconocimiento de cómo abordar estos crímenes y el desdén machista de los operadores de justicia que, basados en estereotipos de género, no activan protocolos de búsqueda frente a una denuncia de desaparición porque consideran que las mujeres desaparecen por rebeldía o por ser ‘malas mujeres’, declaró Álvarez para Wayka.