En Tarapoto 

Pero aún no se conoce monto para San Martín

Con la estrategia “Ejecuta+ 2026”, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una ambiciosa inyección de más de S/ 34,000 millones destinada a destrabar y culminar más de 2,300 proyectos de inversión pública en la macrorregión amazónica, una de las zonas históricamente más afectadas por la paralización de obras.

El anuncio fue oficializado durante una conferencia realizada en la ciudad de Tarapoto, donde el MEF precisó que la estrategia involucra a más de 150 gobiernos regionales y locales de las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali y San Martín. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado cuál será el monto específico que le corresponderá a la región San Martín, información que genera expectativa entre autoridades y ciudadanía.

La iniciativa tiene como objetivo acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura vial, salud, educación y saneamiento, muchos de los cuales permanecen inconclusos por problemas administrativos, técnicos o de falta de liquidez. El enfoque estará en resolver los principales cuellos de botella, como expedientes técnicos deficientes, debilidades en la supervisión y limitaciones en la gestión pública.

Durante su intervención, el titular del MEF, Gerardo López, señaló que “cada obra terminada significa mejores servicios y más empleo para la gente”, subrayando que Ejecuta+ 2026 no se quedará en anuncios, sino que incluirá acciones concretas y acompañamiento técnico en el territorio.

Pese a la magnitud del anuncio, el programa ha sido recibido con cautela y escepticismo. Si bien la inyección de recursos es vista como una oportunidad para reducir las brechas de infraestructura en la Amazonía, persisten dudas sobre la capacidad real de ejecución de los gobiernos subnacionales, afectados históricamente por la alta rotación de funcionarios y la limitada planificación.

Desde el MEF se aseguró que se desplegarán equipos técnicos especializados para apoyar a las autoridades regionales y locales. No obstante, el desafío final recaerá en las propias gestiones subnacionales, que deberán demostrar que los recursos asignados pueden traducirse en obras concluidas y beneficios tangibles para la población, especialmente en regiones como San Martín, donde aún se espera conocer la cifra concreta de inversión.