La brecha de infraestructura educativa no solo no se ha reducido, sino que se ha ampliado.
A pocos días del inicio del año escolar 2026, más de un millón de estudiantes asistirán a colegios que deberían ser demolidos, lo que vuelve a evidenciar la grave crisis de infraestructura educativa en el país. Aunque el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), aprobado en 2017, planteaba reducir cerca del 60% de la brecha al 2025, el resultado ha sido el contrario: hoy la brecha asciende a S/ 172 mil millones, un 25% más que lo estimado inicialmente.
Según el Ministerio de Educación, el 48% de los locales educativos públicos necesita ser demolido por representar un riesgo de colapso estructural, situación que afecta a 1.2 millones de estudiantes, es decir, uno de cada cinco alumnos del sistema público. Para cerrar esta brecha se requeriría una inversión aproximada de S/ 27 mil por estudiante, cifra que se incrementa en regiones con mayor dispersión rural.
Las diferencias territoriales son notorias. En Cajamarca, por ejemplo, la inversión necesaria por alumno alcanza S/ 43 mil, mientras que en Puno llega a S/ 44 mil, debido a que muchas escuelas que requieren sustitución se ubican en zonas rurales con mayores costos logísticos.
Ante la precariedad de los locales escolares, el sistema educativo ha recurrido durante años a módulos prefabricados temporales, que en la práctica se han vuelto permanentes. En Lima, una de cada cinco edificaciones educativas funciona en estos módulos y más de la mitad fue instalada antes de la pandemia. Solo el 15% de estas estructuras se encuentra en buen estado.
A esta situación se suman brechas persistentes en servicios básicos, especialmente en zonas rurales. En 2025, apenas el 22% de los colegios públicos rurales contaba con agua, desagüe y electricidad, incluso menos que el 26% registrado en 2015. En áreas urbanas el avance ha sido limitado, pasando de 76% a 81% en la última década.
Las carencias también se reflejan en el equipamiento tecnológico. En 2025, el 20% de computadoras y laptops de colegios públicos estaba inoperativo, frente al 12% registrado en 2019. El problema es aún mayor en el caso de las laptops XO del programa “Una Laptop por Niño”, donde más de la mitad de los equipos está fuera de servicio.
Frente a este escenario, el Ministerio de Educación decidió ampliar el PNIE hasta el 2028, aunque especialistas advierten que extender plazos no garantiza resultados si no se implementa una estrategia clara de inversión y mantenimiento de la infraestructura escolar.
La crisis también refleja un problema de gestión pública. La alta rotación de ministros de Educación —16 en la última década— ha debilitado la continuidad de las políticas educativas, dificultando impulsar reformas sostenidas.
Mientras tanto, más de un millón de estudiantes iniciarán el año escolar 2026 en colegios que deberían ser demolidos, una realidad que evidencia la magnitud de la deuda del Estado con la educación pública en el país.
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).
