En el Perú hay una palabra que aparece en discursos oficiales, documentos de planificación y ceremonias burocráticas, con la misma frecuencia con la que desaparece en la realidad: descentralización.

Desde hace más de veinte años, el país se repite a sí mismo que vive un proceso descentralizador. Se han aprobado leyes, creado gobiernos regionales, organizado mesas intergubernamentales y redactado innumerables planes de transferencia de competencias. Cada cierto tiempo, algún ministerio anuncia nuevos avances en este camino. El último ejemplo es el reciente Plan de Transferencia de Competencias en Salud para 2026, presentado como un paso más en la consolidación del Estado descentralizado.

Pero basta observar con un mínimo de honestidad la estructura del poder en el país, para llegar a una conclusión incómoda: la descentralización peruana es, en gran medida, un mito administrativo.

El Perú sigue siendo uno de los Estados más centralizados de América Latina. No en el discurso —donde somos descentralizados hasta la médula— sino en el lugar donde realmente importa: el poder de decidir.

El grueso de los recursos públicos se decide en Lima. Las prioridades de inversión se deciden en Lima. El diseño de las políticas públicas se decide en Lima. Incluso cuando los gobiernos regionales ejecutan proyectos o administran servicios, lo hacen dentro de un marco estrechamente definido por ministerios, direcciones nacionales y oficinas técnicas ubicadas, cómo no, en Lima.

La descentralización peruana tiene una arquitectura curiosa: traslada responsabilidades, pero no traslada poder.

Tomemos el caso del sector salud. Hace casi dos décadas se transfirieron hospitales, centros de salud y programas sanitarios a los gobiernos regionales. La promesa era simple: acercar la gestión del sistema sanitario a los territorios, donde se conocen mejor las necesidades de la población.

En la práctica, lo que ocurrió fue algo distinto.

Las regiones heredaron hospitales deteriorados, brechas de personal médico y sistemas administrativos precarios. Pero las decisiones estratégicas —financiamiento, políticas sanitarias, modelos de atención— siguieron concentradas en el Ministerio de Salud.

Es un modelo que combina lo peor de dos mundos: centralismo político con descentralización administrativa.

El gobierno central mantiene el control de las decisiones estratégicas, mientras las regiones cargan con los problemas cotidianos de gestión. Cuando algo funciona mal, la culpa recae en las autoridades regionales. Cuando algo funciona bien, el mérito se atribuye al diseño nacional de las políticas.

Un sistema perfecto para la burocracia central: el poder arriba, la responsabilidad abajo.

Durante años, esta contradicción ha sido ocultada bajo una explicación conveniente: las regiones no funcionan porque son ineficientes, corruptas o incapaces. Sin duda, la corrupción regional existe y es grave. Pero convertir ese problema en la explicación universal del fracaso de la descentralización es intelectualmente deshonesto.

La pregunta incómoda es otra: ¿qué tipo de descentralización construyó el país?

Porque lo que se diseñó en realidad fue una descentralización cuidadosamente limitada. Una reforma que permitiera crear gobiernos regionales sin alterar demasiado la estructura del poder central.

El resultado es un sistema que parece descentralizado en el papel, pero funciona como un centralismo sofisticado.

Y las consecuencias están a la vista. El Perú sigue siendo un país donde las brechas territoriales son enormes. La calidad de los servicios públicos —salud, educación, infraestructura— depende todavía demasiado del lugar donde uno nace.

Mientras tanto, el debate político evita sistemáticamente el tema de fondo: la distribución del poder dentro del Estado.

En otros países de América Latina, la descentralización implicó reformas más profundas. Brasil reorganizó su sistema de salud con una fuerte gestión territorial por estados y municipios. Colombia creó un sistema donde las entidades territoriales tienen responsabilidades claras en la organización del sistema sanitario.

El Perú, en cambio, eligió un camino más cómodo: descentralizar sin incomodar demasiado al poder central.

Así nació el gran mito administrativo del Estado peruano.

Cada nuevo plan, cada nueva comisión, cada nuevo diagnóstico promete fortalecer la descentralización. Pero mientras el poder fiscal, político y burocrático continúe concentrado en la capital, esas promesas seguirán siendo lo que han sido hasta ahora: retórica institucional.

La descentralización no consiste en transferir formularios, manuales o responsabilidades administrativas. Descentralizar significa algo mucho más incómodo: redistribuir poder.

Y esa es, precisamente, la conversación que el país ha evitado durante más de veinte años.