La intervención estatal evidencia una problemática estructural: contaminación, informalidad y débil fiscalización convergen en una microcuenca clave para la población.

En un contexto marcado por crecientes riesgos ambientales y sanitarios, el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de la Producción, ha intensificado los operativos de control en el río Cumbaza, una de las principales fuentes hídricas del Bajo Mayo, con el objetivo de frenar la pesca ilegal y advertir sobre la preocupante presencia de vertimientos de aguas residuales que comprometen la calidad del recurso y la salud de la población.

Las acciones, ejecutadas en coordinación con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y la Policía Nacional del Perú, se concentran en zonas priorizadas donde se ha identificado tanto la persistencia de prácticas extractivas al margen de la normativa como focos de contaminación directa. Según el equipo técnico desplegado, durante los operativos se detectaron actores vinculados a la actividad pesquera que no cumplen con las regulaciones vigentes, lo que agrava la presión sobre los recursos hidrobiológicos y pone en riesgo su sostenibilidad.

Uno de los puntos más críticos intervenidos fue el sector “Pihuicho Pozo”, ubicado en el asentamiento humano Santa Elena, donde se evidenciaron descargas de aguas residuales que podrían estar afectando no solo la calidad del agua, sino también la sanidad de las especies que son consumidas por la población local. Este hallazgo encendió las alertas de las autoridades, que ya han iniciado la elaboración de un informe técnico especializado, en articulación con SANIPES, para evaluar el estado real del recurso hidrobiológico en la parte baja de la microcuenca.

El enfoque adoptado por las autoridades apunta a una intervención integral. En ese sentido, se prevé reforzar la articulación con la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud, en un esfuerzo multisectorial orientado a enfrentar una problemática que trasciende lo productivo y se instala en el terreno de la salud pública y la gestión ambiental. La situación del río Cumbaza expone una tensión persistente entre el aprovechamiento económico y la protección de los ecosistemas. La intervención del Estado, aunque necesaria, revela también la urgencia de fortalecer la prevención, el control de vertimientos y la educación ambiental, en una región donde el agua no solo es recurso, sino condición de vida.