Diversos sectores del sistema de justicia han encendido las alertas ante la vigencia de un conjunto de normas conocidas como “leyes procrimen”, aprobadas por el Congreso y promulgadas durante el gobierno de Dina Boluarte, y que han sido mantenidas en la actual gestión del presidente interino José Jerí. Según el Ministerio Público del Perú, estas disposiciones afectan seriamente la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos complejos.

De acuerdo con fiscales y especialistas, estas leyes imponen restricciones que dificultan la persecución de organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, delitos ambientales, corrupción y lavado de activos. La preocupación radica en que, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, estas medidas podrían favorecer la impunidad.

Entre las normas más cuestionadas figura la Ley 32108, que modifica la tipificación del delito de organización criminal, reduciendo su alcance y complicando la identificación de estructuras delictivas. Asimismo, la Ley 31751 introduce cambios en la suspensión del plazo de prescripción, lo que podría permitir que casos graves queden impunes por el paso del tiempo.

Otra disposición polémica es la Ley 32326, que limita la aplicación de la extinción de dominio sobre bienes vinculados a delitos de corrupción y lavado de activos sin una sentencia firme, debilitando una herramienta clave para golpear las finanzas del crimen. En tanto, la Ley 31990 establece plazos rígidos —de entre ocho y 16 meses— para los procesos de colaboración eficaz, reduciendo su efectividad en investigaciones complejas.

Ante este escenario, el Ministerio Público ha reiterado la necesidad de que el próximo Congreso revise y derogue estas normas. La discusión se perfila como un tema central en la agenda legislativa, en un contexto donde la inseguridad ciudadana continúa en aumento y exige respuestas firmes del Estado.