Esta mañana ministra Nelly Predes se reúne con organizaciones sociales del Alto Mayo, acuerdos deberían articularse con los próximos gobiernos en los tres niveles.

A pocos días de un escenario político sensible, la articulación técnica y territorial se posiciona como una vía necesaria para avanzar en el desarrollo regional sin interferencias partidarias.

La llegada de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, a la región San Martín marca un nuevo intento por articular esfuerzos entre sectores clave del Estado y actores locales, en una agenda de trabajo que prioriza proyectos estratégicos en energía, infraestructura, desarrollo económico y gestión ambiental. La reunión, programada para el 06 de abril de 2026 a las 08:00 horas en el Jardín ZooBotánico Amazonia, concentra temas que, durante años, han permanecido entrampados o con avances limitados, pese a su impacto directo en la calidad de vida de la población.

Uno de los puntos centrales es la propuesta de implementación de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) en el Alto Mayo, en el marco de la Ley N.° 32449, iniciativa que busca dinamizar la economía regional mediante incentivos y condiciones especiales para la inversión. La exposición estará a cargo del equipo técnico de M500, en un contexto donde el Alto Mayo demanda con urgencia nuevas oportunidades productivas y generación de empleo sostenible.

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentará los avances y necesidades de financiamiento para proyectos de electrificación rural en 08 provincias, correspondientes a la III Etapa (CUI 2505355) y la IV Etapa (CUI 2559890), así como el mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico rural en la margen izquierda del río Mayo (CUI 2558558). Estas iniciativas buscan cerrar brechas históricas en acceso a energía, una condición básica aún pendiente para cientos de comunidades rurales en la región.

La agenda también incluye proyectos de infraestructura energética de mayor escala, como la creación de la subestación de potencia en Picota, la ampliación de la subestación Moyobamba y el esperado enlace de transmisión de 220 KV entre Moyobamba y Tarapoto, en los que participan el MEM, el Ministerio del Ambiente (MINAM), ELOR e ISA. Estas obras son consideradas fundamentales para garantizar estabilidad energética, crecimiento industrial y sostenibilidad del sistema eléctrico regional.

Otro del tema relevante será la presentación del resumen ejecutivo sobre la ampliación del aeropuerto de Rioja, a cargo de FEDIR, proyecto largamente demandado por la población y sectores productivos, debido al incremento del flujo de pasajeros y la necesidad de mejorar la conectividad aérea en el nororiente peruano.

La Autoridad Regional Ambiental (ARA) expondrá los lineamientos estratégicos que incluyen la hoja de ruta para los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), la restauración ecológica de la región, el fortalecimiento de la Estrategia Regional de Cambio Climático, la adecuación al Sistema Regional de Gestión Ambiental y la elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica. Estos componentes reflejan la urgencia de ordenar el crecimiento económico bajo criterios de sostenibilidad y conservación de los ecosistemas amazónicos.

Asimismo, la agenda aborda problemáticas locales como el avance del Parque Lineal Juan Antonio, impulsado mediante convenio con la Municipalidad de Moyobamba, y la paralización de la obra del Parque Bicentenario (CUI N.° 2498554), bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura, un proyecto que ha generado preocupación ciudadana por su estancamiento.

En conjunto, la agenda evidencia una apuesta por destrabar proyectos clave mediante el diálogo técnico y la coordinación interinstitucional, en una región donde las brechas estructurales siguen siendo profundas. Sin embargo, también deja en claro que el verdadero reto está en la capacidad del Estado para ejecutar, sostener y dar continuidad a estos compromisos más allá de coyunturas políticas, en beneficio directo de la población de San Martín.

Unidad civil por la región y la urgencia de diálogo con el gobierno de transición.

En un contexto de crisis y en medio de una campaña polarizada, la articulación de organizaciones civiles ha demostrado ser clave para enfrentar los problemas estructurales en el Alto Mayo y la región San Martín. Sin embargo, el desafío ahora es consolidar estos avances mediante una mesa de diálogo directa con el gobierno de transición que garantice respuestas sostenibles en el tiempo.

En medio de la debilidad institucional, la fragmentación política y la limitada capacidad de respuesta del Estado, el Alto Mayo y diversas provincias de la región San Martín han encontrado en la unidad de las organizaciones civiles sin fines políticos un camino efectivo para enfrentar problemas históricos vinculados a servicios básicos, seguridad, desarrollo productivo y gobernanza territorial.

Durante los últimos meses, diversas organizaciones sociales, frentes de defensa, colectivos ciudadanos y actores productivos han logrado articular esfuerzos de manera autónoma, dejando de lado intereses partidarios para priorizar agendas comunes centradas en el bienestar colectivo. Esta convergencia ha permitido destrabar conflictos, canalizar demandas urgentes y ejercer presión legítima frente a autoridades locales y regionales.

Uno de los principales aprendizajes de este proceso ha sido que la acción coordinada, transparente y sin agendas políticas puede generar resultados concretos en menor tiempo, especialmente en contextos donde los gobiernos muestran limitaciones operativas o ausencia de liderazgo efectivo. La experiencia del Alto Mayo evidencia que la ciudadanía organizada no solo puede incidir, sino también proponer soluciones viables y sostenibles.

Sin embargo, este esfuerzo colectivo enfrenta un punto crítico. A pesar de los avances logrados desde la sociedad civil, persiste la necesidad de establecer canales formales de interlocución con el Ejecutivo. En ese sentido, diversos actores han planteado con urgencia la instalación de una mesa de diálogo y coordinación directa con el gobierno de transición y los venideros, que permita articular políticas públicas, atender demandas prioritarias y evitar la dispersión de esfuerzos. Eso sí, con cronogramas, metas y presupuestos que se respeten

Por ello, se insiste en que el gobierno debe reconocer el rol de la sociedad civil organizada como aliado estratégico en la gestión del desarrollo territorial, especialmente en regiones con alta complejidad social y económica.

El momento actual exige decisiones firmes. La experiencia reciente ha demostrado que cuando la ciudadanía se une bajo principios de transparencia, independencia y compromiso social, es posible superar obstáculos que durante años parecían insalvables. No obstante, para consolidar estos avances y proyectarlos a largo plazo, resulta imprescindible que el Estado asuma su rol y establezca mecanismos claros de diálogo, coordinación y acción conjunta.

En el Alto Mayo y en toda la región San Martín, la historia reciente deja una lección clara: la unidad social sin intereses políticos no solo es posible, sino también eficaz. Ahora, el desafío es transformar esa fuerza colectiva en políticas públicas sostenidas, evitando que los esfuerzos ciudadanos queden aislados o se diluyan frente a la inacción estatal.