Auditores de Lima y de la región verificarán durante dos días el estado de proyectos, colegios, hospitales y sistemas de agua potable, en una acción orientada a proteger los recursos del Estado y mejorar la atención a la ciudadanía.

La Contraloría General de la República (CGR) desplegará a un grupo de auditores procedentes de Lima, quienes se sumarán a sus pares de San Martín para ejecutar operativos multisectoriales destinados a verificar la situación real de obras y servicios públicos en esta importante región amazónica del país.

Las intervenciones estarán lideradas por Joan Ramírez Merino, gerente regional de control de San Martín, quien iniciará las acciones de supervisión desde el lunes 20 de abril en la ciudad de Moyobamba. Las jornadas continuarán el martes en Juanjuí, donde también se inspeccionarán diversas entidades y proyectos en ejecución.

Con esta estrategia, la CGR mantiene su enfoque de intervenciones simultáneas e inopinadas en distintas instituciones públicas, con el propósito de cautelar el buen uso de los recursos y bienes del Estado, especialmente en sectores sensibles como proyectos especiales, construcción, saneamiento, salud, movilidad urbana y educación.

Uno de los principales frentes de trabajo será la supervisión de plantas y sistemas de tratamiento de agua, donde los auditores constatarán las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable segura, especialmente en zonas con menor cobertura del servicio.

En el sector salud, la comisión verificará la calidad de atención a los pacientes en establecimientos médicos de la región, así como las condiciones en que se prestan los servicios sanitarios.

Respecto a la movilidad urbana, la evaluación comprenderá el sistema de desplazamiento de personas y mercancías dentro de las ciudades, incluyendo transporte público y privado, con énfasis en criterios de sostenibilidad, seguridad y eficiencia.

En educación, los auditores inspeccionarán instituciones educativas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y la normativa aplicable en aspectos vinculados a la gestión escolar, convivencia escolar, servicios básicos, accesibilidad e inclusión educativa, además de identificar buenas prácticas en la administración de los centros de enseñanza.

La presencia de la Contraloría en territorio no solo busca detectar deficiencias, sino también enviar un mensaje claro: la vigilancia pública es indispensable para que las obras funcionen, los servicios respondan y los recursos lleguen realmente a la población.