El avance de la minería ilegal revela no solo un desafío ambiental y de seguridad, sino también la urgencia de fortalecer la presencia del Estado con estrategias sostenibles y articuladas en territorios vulnerables.

En la región de San Martín, la lucha contra la minería ilegal se viene consolidando mediante un enfoque multisectorial y sostenido, orientado a recuperar el control en zonas críticas como Tocache y el río Huallaga. Durante la primera sesión de la Plataforma Multisectorial para la Articulación Interinstitucional, se identificaron focos de alta incidencia y se establecieron nuevas medidas para enfrentar esta actividad ilícita que continúa expandiéndose.

El Gobierno Regional de San Martín informó que entre 2023 y 2025 se ejecutaron más de 200 acciones de fiscalización, supervisión e interdicción, logrando la destrucción de bocaminas y campamentos ilegales, así como la incautación de maquinaria valorizada en más de S/ 2 millones. Estas cifras reflejan un esfuerzo constante por frenar una actividad que impacta gravemente los ecosistemas y la seguridad local.

En el diagnóstico presentado, se confirmó la presencia de minería ilegal en el distrito de Shunté, así como en tramos estratégicos del río Huallaga, específicamente entre Pelejo–Yarina y Madre Mía–Tocache, donde se detectaron socavones, campamentos y maquinaria especializada operando fuera del marco legal.

Las autoridades advirtieron que esta problemática representa un grave riesgo para los recursos naturales, la calidad del agua y la seguridad de las poblaciones cercanas. Además, señalaron que el fenómeno se ha intensificado por el desplazamiento de operadores ilegales desde la provincia de Pataz, lo que incrementa la presión sobre el territorio sanmartinense.

Ante este escenario, la plataforma evaluó nuevas alternativas, entre ellas la posible declaratoria de estado de emergencia en el distrito de Shunté, con el objetivo de reforzar las acciones de control e interdicción y garantizar una respuesta más contundente del Estado.

La sesión contó con la participación de instituciones clave como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú, el Ministerio Público, y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, así como entidades técnicas como el SERNANP y la Autoridad Nacional del Agua, junto a autoridades locales de Tocache y Shunté.

Esta articulación interinstitucional busca consolidar una estrategia más efectiva y sostenible frente al avance de la minería ilegal, entendida no solo como un problema económico, sino como una amenaza estructural al equilibrio ambiental, la gobernabilidad y el desarrollo regional. Fotos: Archivo Voces