El exministro y titular del Consejo Fiscal advierte que el crecimiento desordenado del gasto público, sin sustento técnico, no solo amenaza la economía, sino que debilita la capacidad del Estado para proteger derechos, territorios y enfrentar economías ilegales.

En medio de crecientes tensiones entre el manejo técnico de la economía y las decisiones políticas del Legislativo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, lanzó una advertencia contundente: el país podría perder su estatus crediticio en un plazo de cinco años si continúa la actual dinámica de gasto público impulsada desde el Congreso. Sus declaraciones, brindadas en RPP, no solo evidencian un problema económico, sino un riesgo estructural para la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del Perú.

Segura calificó como “responsable” que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya pedido al Congreso de la República “parar la mano” en la aprobación de leyes con impacto fiscal. La razón es clara: en los últimos 18 meses se han aprobado iniciativas que reducen ingresos, incrementan gastos permanentes y rigidizan el presupuesto nacional, generando un escenario que —según advierte— impactará “de manera muy adversa en las finanzas públicas del Perú”.

El problema no es menor. De acuerdo con el propio Segura, estas normas —que incluyen aumentos de pensiones, beneficios salariales y cambios en regímenes laborales— representan “decenas de miles de millones de soles” que ni siquiera están contemplados en los presupuestos actuales, simplemente porque “no hay sitio”. En términos prácticos, esto implica que el déficit fiscal se ampliará y la deuda pública continuará en ascenso, comprometiendo la estabilidad macroeconómica que durante décadas ha sido uno de los principales activos del país.

El economista también destacó el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, elaborado por el MEF, el cual advierte que el próximo gobierno heredará una trayectoria fiscal “muy exigente” y casi imposible de sostener si no se corrige el rumbo actual. El documento es explícito al señalar que resulta “indispensable evitar la aprobación de más iniciativas legislativas sin financiamiento ni sustento técnico”, además de fortalecer las cuentas fiscales y establecer un proceso de consolidación creíble y sostenible.

Más allá de las cifras, la alerta tiene implicancias profundas. Un Estado con finanzas debilitadas pierde capacidad de acción en territorios donde predominan economías ilegales, como la tala, la minería ilegal o el narcotráfico. En ese contexto, la precariedad fiscal no es solo un problema contable, sino un factor que agrava la vulnerabilidad de comunidades y defensores ambientales, quienes ya enfrentan amenazas constantes de mafias organizadas en diversas regiones del país.

Así, la advertencia de Alonso Segura trasciende el debate económico: plantea una disyuntiva crítica entre la responsabilidad fiscal y el populismo legislativo. En un país donde la institucionalidad aún lucha por consolidarse, seguir aprobando gastos sin sustento no solo compromete el crecimiento, sino que erosiona la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y sostenibilidad.

El mensaje es claro y directo: sin disciplina fiscal, el Perú no solo arriesga su reputación internacional, sino también su capacidad de proteger a sus ciudadanos y su territorio frente a las mafias que avanzan donde el Estado retrocede.