La ruptura del diálogo técnico alrededor de la PTAP Juninguillo revela una crisis más profunda: obras que avanzan lentamente, millones adicionales sin resultados visibles y una ciudadanía que empieza a perder confianza en uno de los proyectos más importantes para el acceso al agua potable en Moyobamba.

La crisis alrededor del proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y captación de Juninguillo ha dejado de ser únicamente un problema técnico para convertirse en un conflicto institucional, social y político en Moyobamba. Lo que inicialmente fue presentado como una obra clave para resolver el histórico déficit de agua potable en la ciudad hoy enfrenta cuestionamientos por retrasos, ampliaciones presupuestales y la creciente sensación de falta de transparencia en su ejecución.

El punto de quiebre se produjo este 18 de mayo, cuando el Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba y el Alto Mayo (FEDEIMAM) hizo público un pronunciamiento confirmando el fracaso del segundo intento de instalar una Mesa Técnica destinada a destrabar el proyecto. Según la organización, las actuales normas de contrataciones del Estado habrían limitado la participación de actores externos en la toma de decisiones, dejando la capacidad de opinión vinculante únicamente al Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), la empresa supervisora y la contratista de la obra.

Detrás de esa discusión legal aparece un problema más complejo: la pérdida progresiva de confianza ciudadana frente a un proyecto que debía garantizar mejores condiciones de abastecimiento de agua potable para miles de familias y que, después de más de dos años de ejecución, aún no muestra resultados proporcionales a la inversión realizada.

El pronunciamiento del FEDEIMAM pone sobre la mesa tres elementos centrales que explican el creciente malestar social. El primero es el retraso en los plazos. De acuerdo con la organización, la obra debía concluir en octubre de 2025, pero tras 25 meses de ejecución apenas habría alcanzado un avance físico cercano al 50%.

El segundo cuestionamiento apunta al ritmo de trabajo actual. El Frente sostiene que el proyecto estaría avanzando apenas alrededor de 1% mensual, una cifra que consideran incompatible con el cumplimiento de los objetivos contractuales y que, incluso, podría configurar causales para una eventual resolución del contrato.

Sin embargo, el aspecto que más preocupa a la población es el incremento del presupuesto. La obra comenzó con un monto aproximado de 36 millones de soles, luego pasó a 41 millones en 2024 y actualmente habría alcanzado los 56 millones de soles en 2026. Esto representa un aumento cercano a 20 millones de soles adicionales respecto al presupuesto original.

Para el FEDEIMAM, el crecimiento económico del proyecto “no se condice con el avance físico” observado hasta el momento. Aunque el pronunciamiento no detalla técnicamente cada adicional aprobado, sí instala una preocupación que empieza a extenderse entre la ciudadanía: la percepción de que el costo de la obra continúa aumentando mientras los resultados siguen siendo insuficientes.

La tensión también se alimenta por la participación de instituciones y gremios técnicos que, según el Frente, expresaron observaciones críticas durante la reunión desarrollada el pasado 14 de mayo. Entre los asistentes estuvieron representantes del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo y la EPS Moyobamba.

De acuerdo con el pronunciamiento, los cuestionamientos dirigidos al PEAM estarían relacionados principalmente con las ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales, paralizaciones justificadas por factores climáticos y presuntos gastos administrativos ejecutados sin autorización expresa de frentes de trabajo.

La inclusión de estas instituciones en el documento tiene un peso político importante. El mensaje que busca transmitir el FEDEIMAM es que las dudas sobre el proyecto ya no pertenecen solamente a un grupo dirigencial o ciudadano, sino que empiezan a involucrar actores técnicos y organismos vinculados a la fiscalización y defensa de derechos ciudadanos.

Pero más allá de la disputa técnica y administrativa, el conflicto toca un tema profundamente sensible para la población: el acceso al agua potable como derecho fundamental. Bajo esa premisa, el Frente convocó a una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 22 de mayo en la Casa del Maestro, donde se discutirían posibles acciones legales y medidas de presión social.

El lenguaje utilizado en la convocatoria refleja además un claro intento de movilización ciudadana. Expresiones como “Hoy Moyobamba decide qué acciones tomar” o “Deja de ser tribuna y sé protagonista del desarrollo” evidencian que el conflicto empieza a trasladarse desde las mesas técnicas hacia el terreno de la presión pública y la organización social.

La situación resulta especialmente delicada porque la PTAP Juninguillo representa una de las obras más esperadas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Moyobamba, una ciudad que durante años ha enfrentado dificultades en cobertura, continuidad y calidad del servicio. Por ello, cada retraso, paralización o incremento presupuestal termina amplificando la frustración y el desgaste ciudadano.

El fracaso de la Mesa Técnica deja además una señal preocupante: la percepción de que los espacios de diálogo institucional no están siendo capaces de resolver los problemas del proyecto. Mientras tanto, continúan abiertas preguntas fundamentales que aún no encuentran respuestas claras: ¿por qué una obra que debía concluir en 2025 apenas alcanza la mitad de ejecución? ¿Qué sustentó el incremento presupuestal hasta los 56 millones de soles? ¿Existen realmente causales para resolver el contrato? ¿Quién asumirá responsabilidad por los retrasos acumulados?

Por ahora, las respuestas siguen pendientes y el proyecto más importante para el abastecimiento de agua potable en Moyobamba continúa avanzando bajo creciente presión pública, institucional y social.