Por: Neftalí Santillán Ruiz
Mientras el país consume arroz todos los días, miles de productores sobreviven endeudados y vendiendo a pérdida. La protesta revela el profundo abandono histórico del agro peruano y la urgencia de una nueva política agraria que defienda al pequeño agricultor y la soberanía alimentaria nacional.
Los arroceros del Perú no están en las carreteras por capricho. No han dejado sus chacras, sus familias y sus cosechas porque quieran desestabilizar al país. Están luchando porque el país los abandonó hace años, mientras unos pocos grupos económicos, importadores y cadenas comerciales siguen enriqueciéndose a costa del hambre y la ruina del pequeño productor.
Hoy San Martín, principal productor de arroz del Perú, vive una paradoja brutal: produce riqueza, pero sus campesinos siguen hundidos en la pobreza. El diario Voces lo resume con crudeza: “Poco sirve que San Martín sea el primer productor de arroz del país si sus campesinos continúan hundidos en la pobreza”.
Detrás de la huelga hay una realidad insoportable. Mientras el arroz llega a supermercados y mercados con precios elevados, al productor le pagan apenas entre 50 y 90 céntimos por kilo, valores que ni siquiera cubren los costos de producción. Y esos costos no dejan de subir: fertilizantes, combustible, transporte, semillas, maquinaria y mano de obra encarecen cada campaña agrícola.
A eso se suma el ingreso masivo de arroz importado y el contrabando descontrolado que entra por las fronteras sin control sanitario ni tributario. El Estado peruano ha permitido que el mercado destruya al agricultor nacional en nombre de un supuesto “libre comercio” que solo beneficia a grandes importadores y especuladores. En 2025, el Perú importó más de 146 mil toneladas de arroz, principalmente desde Uruguay y Brasil. Mientras tanto, miles de familias campesinas sobreviven endeudadas y obligadas a vender a pérdida.
La crisis del agro no es un accidente. Es el resultado de décadas de abandono estatal, de gobiernos que miraron al campesinado únicamente en campaña electoral y luego gobernaron para las grandes empresas, los intermediarios y las cadenas de comercialización. Hoy los arroceros denuncian algo elemental: no existe una política pública que proteja al productor nacional.
Respaldar esta lucha significa defender la soberanía alimentaria del país. Porque cuando quiebra el pequeño agricultor, no solo pierde el campesino: pierde todo el Perú. Se debilita la capacidad nacional de producir alimentos, aumenta la dependencia externa y se condena a regiones enteras a la pobreza y la migración.
Por eso las demandas de los arroceros son legítimas y justas. No puede ser que quienes alimentan al país vivan en la miseria mientras otros especulan con el precio de los alimentos. No puede ser que el campesino produzca con sudor y riesgo, pero el gran intermediario concentre la ganancia. No puede ser que el Estado sea duro con el pequeño agricultor y complaciente con el contrabando, la importación indiscriminada y las mafias comerciales.
La huelga de los arroceros es también una advertencia política y social: el Perú profundo está cansado de ser invisible. Cansado de cargar sobre sus hombros la alimentación nacional mientras recibe abandono, endeudamiento y desprecio.
El país necesita una nueva política agraria, donde el agro deje de ser tratado como un problema y sea reconocido como lo que realmente es: una base estratégica para la economía, el empleo, la alimentación y la soberanía nacional.
Hoy corresponde solidarizarse con los arroceros, escuchar sus demandas y construir soluciones estructurales. Porque defender al pequeño productor no es solo defender a un sector económico: es defender la dignidad del trabajo campesino y el derecho del Perú a alimentarse con lo que produce su propia tierra.
