La reflexión luego de la huelga de arroceros

Sólo con la producción de San Martín se podría abastecer el consumo nacional de arroz. Existen decisiones pendientes, el próximo gobierno deberá de hilar fino, sostienen dirigentes y especialistas.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM logró sostener puentes de entendimiento durante la huelga arrocera en San Martín. Sin embargo, los productores advierten que la solución definitiva no depende solo de las mesas de diálogo, sino de decisiones políticas, presupuestales y estructurales que se juegan en otros niveles del Estado.

La crisis del sector arrocero en la región y el país, promulgado el decreto de urgencia, el tema y debate de fondo va más allá: la necesidad de que el Estado peruano asuma un rol más activo en la protección de la producción nacional. Según especialistas y dirigentes agrarios, en el país se producen alrededor de 3.5 millones de toneladas de arroz al año, de las cuales cerca de un millón de toneladas provienen de San Martín, región considerada el principal bastión arrocero del Perú. La magnitud de esta producción resulta aún más evidente si se toma en cuenta que el consumo per cápita nacional bordea los 60 kilogramos por persona al año, lo que significa que la producción sanmartinense tendría capacidad para abastecer a más de 54 millones de consumidores.

Frente a esta realidad, surge la interrogante sobre el papel que debe desempeñar el Estado en un mercado cada vez más expuesto a la competencia externa. Los productores sostienen que no se trata únicamente de defender el libre comercio, sino de impulsar una verdadera economía social de mercado que garantice condiciones justas para quienes sostienen la seguridad alimentaria del país. En ese contexto, San Martín no puede ser analizado como una región cualquiera. Tras el proceso de pacificación y sustitución de cultivos, miles de familias apostaron por actividades lícitas como el arroz, cacao, café, naranja y papaya, respaldadas por compromisos asumidos por el propio Estado, que prometió garantizar tecnología, asistencia técnica y acceso a mercados. Hoy, cuando el sector enfrenta nuevas amenazas, los agricultores consideran que ha llegado el momento de que esos compromisos se traduzcan en acciones concretas.

En medio de la reciente huelga de productores arroceros en la región San Martín, corresponde realizar un balance objetivo del proceso de negociación desarrollado entre el Ejecutivo y los dirigentes agrarios. – a puto de ingresar a una zona gris – por la proximidad de la segunda vuelta y advertido por el JNE.

 En ese escenario, uno de los aspectos que merece ser reconocido es el trabajo desempeñado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), representada en la región por el subsecretario Carlos Francisco Izaguirre y por José Antonio Caro.

Diversos dirigentes y actores sociales han destacado que, durante las jornadas de negociación, el manejo de la información y los compromisos puestos sobre la mesa fueron transparentes. Más allá de los cambios de gobierno y de las coyunturas políticas, la labor técnica de la SGSD ha sido valorada por distintos sectores. Los registros muestran que al inicio de su intervención existían más de 80 demandas sociales activas en la región, mientras que actualmente quedarían entre 25 y 27 casos en trámite. Una reducción significativa que, sin resolver todos los problemas, evidencia una capacidad de gestión que resulta justo reconocer.

Pendientes por resolver, problemas estructurales.

Sin embargo, el conflicto arrocero también ha dejado al descubierto las limitaciones de las respuestas estatales frente a una crisis que los propios productores consideran estructural. Para el Gobierno, el reciente paquete de medidas constituye una inversión histórica para el agro, al haberse destinado un fondo extraordinario de S/ 170 millones orientado a la reactivación y fortalecimiento del sector.

No obstante, entre los dirigentes existe una lectura distinta. Consideran que se trata de una respuesta inicial, todavía insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. De los recursos anunciados, alrededor de S/ 60 millones estarían destinados a trabajos de descolmatación y mantenimiento de canales de riego, una medida importante para la infraestructura hidráulica, pero que no necesariamente responde a las principales demandas planteadas por los productores.

Según los representantes del sector, se requeriría una intervención de al menos S/ 300 millones para retirar del mercado los excedentes de arroz acumulados y estabilizar los precios. A ello se suma un tema considerado clave: la franja de precios, mecanismo técnico que busca proteger la producción nacional frente a importaciones provenientes de países que subsidian su agricultura y que generan condiciones de competencia desleal para los productores peruanos.

Los agricultores sostienen que el problema del arroz debe abordarse de manera multidimensional. Si bien el reciente decreto de urgencia ha contribuido a mitigar parte del impacto económico, consideran que resulta indispensable acelerar su implementación. Los técnicos del sector agrario tendrían que desplazarse de inmediato a las zonas productoras para ejecutar las medidas anunciadas y evaluar su impacto real en el corto plazo.

Asimismo, la demanda de una declaratoria de emergencia sigue presente entre los productores, debido a que implicaría un marco de intervención más amplio y con mayores posibilidades de respuesta estatal.

INIA ¿Tomada? o ¿Controlada? ¿Qué investiga?

Pero más allá de la coyuntura inmediata, la discusión apunta hacia problemas estructurales largamente postergados. Uno de ellos es la situación del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Diversos especialistas y dirigentes consultados coinciden en que, si el país pretende hablar seriamente de una política agraria moderna, resulta indispensable fortalecer presupuestalmente a esta institución.

El planteamiento es claro: el INIA debe recuperar plenamente su rol en investigación y desarrollo tecnológico para el campo. Los productores consideran que se requieren nuevas variedades de semillas adaptadas a las distintas condiciones geográficas de San Martín, diferenciando las necesidades del Alto Mayo, la zona central y el sur de la región. La meta sería contar con semillas de mayor productividad, calidad comercial y capacidad de almacenamiento, elementos que permitan competir en mejores condiciones dentro y fuera del país.

Para alcanzar ese objetivo, afirman que el presupuesto del INIA debería multiplicarse por lo menos diez veces respecto a sus niveles actuales. Incluso plantean la posibilidad de incorporar experiencias y asistencia técnica de otros países que ya han enfrentado desafíos similares con resultados exitosos.

A esta estrategia debería sumarse el fortalecimiento de programas como AGROIDEAS, con el objetivo de transformar al agricultor en empresario. Esto implica facilitar la formalización, promover la obtención de registros sanitarios, mejorar los sistemas de procesamiento y empaque, y desarrollar capacidades de gestión comercial que permitan a los productores negociar en mejores condiciones.

En ese mismo camino aparece el rol de Agrobanco, institución que, según los productores, debe intervenir para aliviar la pesada dependencia financiera que mantienen con los molinos. Actualmente, muchos agricultores recurren a estas empresas para obtener semillas, fertilizantes, insumos e incluso recursos para sostener a sus familias durante la campaña agrícola. Al momento de la cosecha, la deuda acumulada limita severamente su capacidad de negociación.

La propuesta consiste en que Agrobanco asuma parte de esas obligaciones mediante créditos blandos y de largo plazo, permitiendo que los molinos vuelvan a concentrarse en su actividad principal: brindar servicios de procesamiento y comercialización. Paralelamente, organismos como Agromercado deberían impulsar estudios que faciliten la colocación del arroz en mercados nacionales e internacionales.

La preocupación no termina allí. San Martín produce aproximadamente el 25 % del arroz nacional. De los cerca de 3,5 millones de toneladas que se generan en cada campaña agrícola en el país, alrededor de un millón de toneladas provienen de esta región. Pese a ello, los productores cuestionan el ingreso de arroz importado que, aunque de menor calidad, compite en el mercado interno gracias a precios más bajos.

¿Concertación de molineras? Habrían acaparado mecado.

También surgen cuestionamientos respecto al papel de algunos sectores vinculados a la cadena comercial. Dirigentes arroceros sostienen que existe una excesiva concentración de poder en determinadas empresas molineras, situación que, según afirman, termina afectando el funcionamiento del mercado y la capacidad de negociación de los agricultores.

Todo ello conduce a una reflexión más amplia sobre el futuro del agro amazónico. Los productores de arroz, café y cacao de San Martín no constituyen un fenómeno aislado. Durante décadas, miles de familias apostaron por la sustitución de economías ilegales, dejando atrás cultivos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas para incorporarse a cadenas productivas formales.

Sin embargo, la persistencia de problemas de rentabilidad y comercialización genera preocupación. Algunos sectores advierten que, sin una política pública sostenida, existe el riesgo de que parte de la población rural vuelva a mirar hacia actividades ilegales como alternativa económica.

Por ello, más que una respuesta coyuntural, lo que se demanda es una auténtica política de Estado para el agro amazónico, sustentada en investigación, financiamiento, asistencia técnica, acceso a mercados y protección razonable frente a distorsiones internacionales.

La huelga arrocera deja una lección importante. El diálogo funcionó y permitió construir acuerdos parciales. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM cumplió un papel fundamental para evitar una escalada del conflicto y mantener abiertos los canales de comunicación. Sin embargo, tanto los productores como el propio Ejecutivo saben que las decisiones definitivas no se resuelven únicamente en las mesas de negociación. Se juegan en los ministerios, en el Congreso, en el Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, en la capacidad del Estado para convertir promesas en políticas públicas sostenibles.

El desafío, por tanto, no es solamente mantener el diálogo, sino demostrar que el diálogo puede transformarse en resultados concretos para miles de familias que sostienen la producción agraria de la Amazonía peruana.