Infraestructura demanda un plan de comunicación sostenido para servicios de operación y mantenimiento tienen un costo que deberá ser cubierto por la población al ingresar en servicio.

La futura implementación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para Tarapoto y San José de Sisa representa uno de los proyectos de saneamiento más importantes para San Martín. Sin embargo, más allá de la inversión millonaria y la infraestructura proyectada, el verdadero desafío será garantizar su sostenibilidad financiera y el compromiso ciudadano para que no se repitan experiencias fallidas observadas en otras localidades del país. Es preferible sincerar el tema de arranque, ojalá los candidatos a alcaldía en ambas provincias y sus distritos los tengan claro.

La región San Martín se prepara para dar un paso trascendental en materia de saneamiento básico con el proyecto de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tarapoto y San José de Sisa, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la modalidad de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). La propuesta contempla una concesión por 24 años para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al tratamiento adecuado de las aguas residuales que actualmente generan ambas ciudades.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto demandará una inversión total de US$ 301.08 millones, de los cuales US$ 156.88 millones corresponden a inversión de capital (CAPEX) y US$ 144.20 millones a costos de operación y mantenimiento (OPEX). La iniciativa fue incorporada al Proceso de Promoción de la Inversión Privada (IPPIP) el 6 de octubre de 2023, mientras que la elaboración y aprobación del estudio correspondiente se realizó el 12 de junio de 2023. Según el cronograma establecido por PROINVERSIÓN, la adjudicación directa está prevista para el cuarto trimestre de 2026, mientras que la Buena Pro se proyecta para el segundo trimestre de 2027.

La importancia de esta inversión radica en que permitirá contar con interceptores, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y emisores de descarga que contribuirán a reducir la contaminación de los cuerpos de agua, mejorar las condiciones sanitarias y elevar la calidad de vida de miles de familias de la región. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más ambiciosas para cerrar brechas históricas en servicios básicos.

Sin embargo, detrás de las cifras y los anuncios existe un aspecto que suele quedar relegado en el debate público: la sostenibilidad del sistema una vez que la infraestructura entre en funcionamiento. Construir una planta es apenas una parte del desafío. Operarla eficientemente durante décadas requiere recursos económicos permanentes, gestión técnica adecuada y, sobre todo, una ciudadanía consciente de que los servicios públicos tienen un costo real.

En ese contexto, diversos especialistas coinciden en que aún falta incorporar un sólido componente comunicacional y de sensibilización ciudadana que permita explicar a la población la importancia de contribuir al financiamiento de la operación y mantenimiento de estos sistemas. La experiencia nacional demuestra que muchas obras terminan deteriorándose o funcionando por debajo de su capacidad debido a la falta de recursos para cubrir los gastos operativos.

Lo ocurrido en ciudades como Nueva Cajamarca y otras localidades del país debería servir como advertencia. En numerosos casos, las inversiones iniciales fueron importantes, pero posteriormente surgieron dificultades para recaudar los recursos necesarios que permitieran garantizar la sostenibilidad de los servicios. Cuando los costos de operación no son cubiertos oportunamente, aparecen deficiencias en el mantenimiento, disminuye la calidad del servicio y finalmente se compromete la vida útil de la infraestructura.

La reflexión también alcanza a otros servicios públicos que hoy enfrentan serios problemas de financiamiento. En Tarapoto, por ejemplo, el sistema de limpieza pública y recojo de residuos sólidos continúa enfrentando limitaciones económicas, mientras los costos operativos crecen año tras año. La brecha entre el servicio que demanda la población y los recursos disponibles para sostenerlo sigue siendo un desafío para las autoridades locales.

Por ello, el proyecto PTAR no debe ser entendido únicamente como una gran inversión de más de US$ 300 millones, sino también como una oportunidad para construir una nueva cultura ciudadana alrededor de los servicios públicos. Estamos a tiempo de informar, educar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de asumir corresponsabilidad en el cuidado y financiamiento de estas infraestructuras.

La futura planta será, sin duda, un logro para San Martín, Tarapoto y San José de Sisa. Pero también será una prueba de madurez colectiva. Porque una ciudad moderna no solo se construye con obras, sino con ciudadanos conscientes de que la calidad de los servicios depende tanto de las inversiones del Estado como del compromiso de quienes los utilizan diariamente. Un mensaje que deberían tener muy presente quienes hoy aspiran a gestionar el futuro de nuestras ciudades.